Consumidores critican tarifas de transporte público

Fórmulas aplicadas para cálculo no valorarían eficientemente realidad económica del país

Consumidores critican tarifas de transporte público

Modelo de fijación de precios excluye posibilidad de reclamar por un mejor servicio

Para Maureen Saborío, el hecho de que el mal estado de los buses que utiliza o las faltas de respeto que debe tolerar de los choferes, no sea tomado en cuenta para definir los aumentos en el pasaje, no tiene sentido.

Al igual que esta vecina de Montes de Oca, los usuarios del transporte público consideran inadecuadas y desfasadas las fórmulas usadas para calcular las tarifas.

Con los cuestionamientos se procura variar la forma de establecer los montos que se cobren por el traslado de pasajeros.

La crítica nace a partir de la aplicación de un tipo de cambio inactual, para definir los últimos aumentos decretados para esos servicios, así como de la poca eficiencia del análisis hecho a lo interno de una comisión integrada para ese propósito, por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.

Las críticas emitidas destacan la falta de actualización de los parámetros que se valoran en los modelos tarifarios, la inutilidad de las fórmulas para medir el factor calidad en esos servicios, y lo que consideran los denunciantes un exceso de confianza en el criterio personal de los técnicos, a la hora de analizar condiciones que definen las tarifas.

Más específicamente, se afirma que el modelo de fijación tarifaria de buses no expresa la realidad económica del país, por ejemplo en lo que respecta al tipo de cambio.

“Tanto el Ministerio de Economía como la señora Presidenta de la República indican que el tipo de cambio es un problema, pues la baja del dólar no se traslada al consumidor en el precio final de los productos importados; esos mismos que son utilizados para calcular las tarifas de los servicios públicos”, argumentó Gilberto Cruz, presidente de Consumidores de Costa Rica.

Sumado a ese criterio, sostienen que los modelos incorporan factores de calidad, y por consiguiente para los usuarios los reclamos por mal estado de las unidades o mala calidad de servicio no son tomados en cuenta en ninguna forma a la hora de definir la tarifa.

“Cuando el país casi no tenía rutas de autobuses, fue necesario impulsar un modelo de fijación tarifaria que promoviera la inversión en más y mejores buses, de esa manera se aplicó el concepto de depreciación acelerada”, agregó Cruz.

A lo anterior, se suma el criterio de que ese tipo de cálculo no corresponde a la realidad actual, pues la flota de autobuses ha cambiado significativamente, de tal manera que hoy, debido al concepto de servicio al costo, las inversiones —por ejemplo del 40% de la flota— hacen que las tarifas también suban significativamente.

Otro de los defectos que encuentran los usuarios, es referente a la discrecionalidad que se otorga a los técnicos, encargados de calcular las oscilaciones tarifarias.

“Ese elemento tiende a dejar muchas dudas. Debe eliminarse de una vez por todas la discrecionalidad de los técnicos de la Autoridad Reguladora, en función de la aplicación o no de metodologías complementarias o diferentes a lo aceptado por todos”, agregó Cruz.

Quienes ejecutan los cálculos cuestionados argumentan que están en la obligación de garantizar el equilibrio financiero de las empresas reguladas y tienen la potestad legal de definir las variables a utilizar en sus metodologías.

Además, sostienen que en febrero pasado los propios autobuseros señalaron a la Autoridad Reguladora que el tipo de cambio no reflejaba la situación de los costos de repuestos.

Se conformó una comisión a la cual se integraron dos representantes de Consumidores de Costa Rica, para hacer el procedimiento más transparente. Se determinó que la discrepancia surgía únicamente de una variable: el costo de los repuestos e insumos; no obstante, se registran aumentos en los combustibles que afectan al sector autobusero.

Dada esta situación, la Autoridad sometió a conocimiento de la junta directiva la sustitución de la variable y posteriormente deberá realizar el proceso de audiencia pública, acotó Dennis Meléndez, regulador general.

Ernesto Villalobos

evillalobos@larepublica.net