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NACIONALES


Congreso rehúye resolver financiamiento electoral

Redacción La República [email protected] | Sábado 19 julio, 2008



Fracciones no se ponen de acuerdo sobre el porcentaje del PIB para campañas
Congreso rehúye resolver financiamiento electoral

• Comisión aún no empieza a discutir las normas para el control del aporte privado

Carlos Jesús Mora
[email protected]

El ritmo de trabajo venía fluido y sin contratiempos, pero bastó con que se abordara el tema financiero para que la discusión frenara de golpe.
El financiamiento de los partidos políticos para las elecciones atiza la discusión del proyecto de reformas al Código Electoral en la comisión que analiza el tema en el Congreso.
Las fracciones discrepan sobre el monto que el Estado debe aportar para la realización de las campañas electorales, el cual actualmente es de un 0,19% del Producto Interno Bruto (PIB).
Si bien existe anuencia para reducir el aporte estatal, el problema es que aún no se sabe a cuánto. Las propuestas preliminares oscilan entre un 0,08% y 0,12% del PIB.
“Si logramos reducir este aporte, el restante del 0,19% actual se lo podríamos trasladar al régimen municipal”, comentó Lorena Vásquez, jefa de fracción de la Unidad Social Cristiana, quien vaticinó que el tema del aporte adelantado de este rubro será uno de los aspectos más sensibles en la discusión.
Pero el aporte estatal no es solo el tema que dividiría a los diputados, si bien el financiamiento privado aún no empieza a discutirse en la comisión, los diputados miembros prevén un panorama conflictivo, máxime que desde ya se empiezan a encender los fuegos electorales en el Congreso.
“Queremos que queden plasmadas las donaciones privadas y, hasta donde sea posible, establecer sanciones fuertes a quien infrinja esta legislación”, dijo Maureen Ballestero, presidenta de la comisión, quien solicitó tres meses más de plazo —hasta setiembre— para dictaminar el proyecto de ley.
“No podemos llegar a la campaña con el actual Código Electoral, seríamos muy irresponsables si no apresuramos esto”, agregó Ballestero.
Durante las últimas campañas electorales los partidos han entregado reportes incompletos y permiten la creación de estructuras financieras paralelas.
Por su parte, el Tribunal Supremo de Elecciones se muestra optimista y espera que el nuevo Código pueda implementarse en las elecciones de 2010.
“Esperamos que se apruebe cuanto antes, pero nos preocupa que no se logre avalar en lo que resta de este año, pues el entrante es ya un año electoral en el que peligra el avance de la iniciativa”, dijo Héctor Fernández, director de programas electorales del Tribunal.
Otro de los aspectos en los que se tendrá que buscar un consenso en los próximos meses, si se quiere contar con un Código Electoral más moderno para 2010, es en la jurisdicción electoral.
En este sentido el tema más sensible que enfrenta a las distintas fracciones es el que se refiere a la posibilidad de que se les puedan cancelar las credenciales a funcionarios de los supremos poderes elegidos de manera popular.
“Es un tema muy delicado que tendremos que analizar con mucho detenimiento, pues esto se puede prestar para otras cosas más allá de un adecuado control político”, consideró Sergio Alfaro, diputado de Acción Ciudadana. “Aún no definimos una posición como partido acerca de este tema”, agregó el legislador.
Por otra parte, el Movimiento Libertario está interesado en revisar la posibilidad de que una persona se postule para presidente de la República y una diputación en forma simultánea, tema que fue eliminado del proyecto. Mario Núñez, diputado de esta bancada rechazó que haya interés de Otto Guevara, presidente de su agrupación, de presentar su nombre bajo la doble postulación para 2010.
La comisión que analiza las reformas al Código Electoral ha logrado aprobar algunos temas importantes, como habilitar el voto en el extranjero, el sufragio electrónico y la paridad en cuestiones de género.