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La necesidad de esta información para investigaciones dificulta conservar la intimidad de los movimientos financieros
“Confidencialidad bancaria es relativa”
El uso del sistema bancario para legitimar dinero obtenido de actividades ilegales motiva pérdida de intimidad, considera Manuel Alberto Restrepo, especialista colombiano

La banca se internacionalizó y el crimen también. El sistema financiero desmaterializó el dinero y lo llevó al espacio cibernético, y la mafia vio buenas opciones para legalizar ahí el dinero obtenido de actividades ilícitas.
Eso atiza el pulso de la confidencialidad de los movimientos financieros de todas las personas, contra la necesidad judicial por requerir información bancaria.
El tema tiene gran actualidad en el país, debido a que las leyes antiterrorismo y contra lavado de dinero ya contemplan la posibilidad de ver cuentas bancarias para cortar el financiamiento de actividades delictivas.
Estos y otros temas fueron tratados en el Congreso de Regulación Económica, el cual reunió a especialistas iberoamericanos, como es el caso de Manuel Alberto Restrepo, profesor de la Facultad de Jurisprudencia en la Universidad El Rosario, Colombia.

¿En qué cambió la privacidad de las finanzas personales?
El secreto bancario antes constituía una garantía de protección absoluta de la información de los clientes del sistema financiero. Era una confidencia inviolable, como la que existe entre el médico y su paciente.

¿Cómo está cambiando esa confidencia en el mundo?
En la actualidad, en ciertos casos el banco está obligado a revelar información que en principio estaba destinada a ser conservada entre el banco y su cliente.
El propio banco corre el peligro de verse como copartícipe de un hecho delictivo si no alerta sobre las actividades sospechosas que detecte.

¿Cuál es la línea media entre la confidencialidad y la represión del crimen?
Puede haber parámetros y códigos de buenas prácticas de los bancos como instructivos para detectar las operaciones que deban ser reportadas, pero al final queda en manos del gerente. Cuando hay un delito no hay reserva oponible, cuando la fiscalía tiene fundamentos, la entidad financiera no puede poner reserva.

¿Cómo se evita el abuso de este poder?
Se debe tener un control judicial previo o posterior frente a la actividad fiscal, como un juez de garantías. Debe haber un control reforzado para que no sea solo quien investiga, sino que también participe un juez, que como no es su investigación, será más imparcial para definir si levantar el secreto es justificado o no.

¿Y los derechos a la intimidad?
Lo anterior implica una ruptura al tradicional secreto bancario. Existen acuerdos para que eso no sea un impedimento para dar trámite a investigaciones relacionadas con delitos.

¿Cómo es visto el país desde afuera en este momento?
Sabemos que está en adaptación, dando el paso de un modelo de Estado con alto intervencionismo a un modelo regulatorio, con “desestatización” de funciones y cambio en el papel de Estado.

¿Hasta dónde debemos ceder la confidencialidad?
El convenio de Basilea marca las pautas y es lo que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico pide. Apunta a que el banco conozca a su cliente y que diseñe sistemas para detectar todas las actividades irregulares por periodicidad, volumen o habitualidad.

¿Esto afecta solo a Costa Rica?
No, hay presión para todos. Hasta los paraísos fiscales que se promocionan como tal, debieron acceder a revelar cierta información y colaborar judicialmente. Es el caso de Suiza por ejemplo, que recientemente dio información a Estados Unidos, que está combatiendo la defraudación.

Daniel Chacón
[email protected]


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