Concesiones cuestionadas

De cal y de arena

Concesiones cuestionadas

¿Es posible modernizar los aeropuertos, abrir nuevas carreteras, verificar el estado de la flota vehicular y construir puertos a la altura de las exigencias del comercio internacional apelando a la concesión de obra pública, de rigurosos y transparentes procedimientos legales y éticos?

Esta cuestión surge tras los azarosos trámites y polémicos contratos seguidos en cada uno de estos expedientes para inspección de vehículos, para modernizar el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, la carretera entre San José y Caldera y un puerto de última generación especializado en el movimiento de contenedores en Moín, donde hay cuestionamientos de orden jurídico, técnico y ético suficientes para poner en entredicho la capacidad de los entes del Estado de hoy para producir modernización libre de contaminación moral, financiera y legal.

¿Cómo es que hoy el Estado no ha podido reproducir el modelo básico de la concesión a la Liga Agrícola e Industrial de la Caña para construir lo que ha resultado un puerto de excelencia para exportar azúcar y alcohol, sin pendencias técnicas o éticas y de ejemplar cita en los anales de la infraestructura portuaria del área?

Si el contraste lo marca la presencia de otros hombres con otras conductas, ello no impide el derecho a reclamar aptitud y entereza en las figuras en el proscenio de las concesiones contemporáneas. Obvio, la polémica de hoy en día la provoca una fallida gestión de los órganos del Estado competentes, perniciosa para el interés público lo mismo en la desprotección del equilibrio en la ecuación financiera y en las contrapartidas a cargo del país cuanto en la vigilancia de los plazos, la calidad y las sanciones a la incuria del concesionario.

La concesión para construir un puerto para contenedores en Moín lleva el mismo sello. Más allá de la torpeza y los abusos de la dirigencia sindical para abordar el tema y sus intereses en juego, en esta otra concesión se acusan procedimientos en la licitación de dudoso valor jurídico con una estructura financiera en tarifas reñida con la racionalidad, extremos sobre los cuales las instancias de control financiero y legal pasaron con acomodaticia venda en sus ojos.

No son dudas sobre la aptitud de un concesionario de primera línea para construir un puerto de avanzada ni la comodidad y satisfacción que va a producir el Moín nuevo las que abonan la polémica. Tampoco se discute el evidente progreso en el aeropuerto, en la ruta 27, en la revisión vehicular y en Caldera. Pero, ¿cómo esta es la cuestión de fondo es que se libró del trámite legislativo a la hora de avalar la concesión de un puerto, algo que va más allá de un simple refrendo de la Contraloría, según mandan la Constitución Política en sus artículos 121 y 140 y la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre?

Una concesión a particulares en un puerto y un monopolio a empresa privada para asegurarse la exclusividad en el movimiento de contenedores… ¿y la Constitución? ¡Así fue en los tiempos del Contrato Ley Soto-Keith!

Alvaro Madrigal