Los gobiernos tuvieron no solo suficiente tiempo para aprender a concesionar, sino permanentes y caras asesorías, además de los funcionarios técnicos de las dependencias creadas para ese fin, como para que las cosas se hubieran hecho bien

---

Concesiones bien hechas… ¿cuándo?

Se explica fácilmente y pareciera igualmente fácil de comprender, sin embargo, para los gobiernos no ha sido fácil de implementar.
Nos referimos a las concesiones otorgadas a empresas para hacer obra pública cuando la inversión necesaria es muy alta para las condiciones actuales del país, o porque no se desea utilizar dineros propios en este rubro.
La empresa que obtiene la concesión invierte el dinero correspondiente y construye la obra, luego recupera ese dinero y sus ganancias, en el tiempo estipulado en el contrato, por medio del cobro que hace a los usuarios.
La lógica parece muy buena a pesar de lo cual entre los costarricenses se ha ido generando cada vez más una gran desconfianza sobre varios aspectos relacionados con la opción de concesionar obras de infraestructura.
Pero no podemos asegurar que el fenómeno se deba nada más a que de repente los nacionales desarrollaron una injustificada desconfianza hacia las concesiones.
Más bien, una sucesión de situaciones inconvenientes desde la elaboración y firma de los contratos hasta la falta de adecuados controles por parte del Estado, entre otras, llevaron a que ciertas obras concesionadas, que hoy brindan buen servicio a la población, tardaran mucho en hacerse y generaran bastantes problemas. Algunas ni siquiera han podido realizarse aún, siendo muy necesarias.
Sin embargo, los gobiernos tuvieron no solo suficiente tiempo para aprender a concesionar, sino permanentes y caras asesorías, además de los funcionarios técnicos de las dependencias creadas para ese fin, como para que las cosas se hubieran hecho bien.
De todo, lo más claro en la actualidad es que debe existir la voluntad política para que en cualquier futura concesión, si es que se otorga, prevalezcan la total transparencia, contratos justos para las empresas así como para los costarricenses, precios razonables, cumplimiento de plazos, permanente y adecuada supervisión de las obras, entre otras condiciones.
Sentimos que, de darse esto, es posible que en algún momento pueda restablecerse la confianza de los contribuyentes no solo en la figura de la concesión de obra pública, sino en todo cuanto haga el Estado. Pero es normal que primero la población quiera ver esos resultados.