Alvaro Madrigal

Alvaro Madrigal

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Jueves 17 Marzo, 2011


De cal y de arena
CONCESIONES A TROMPICONES


Bienvenida la impugnación hecha por la Cámara Nacional de Bananeros al acto administrativo que dio en concesión la construcción y explotación de una nueva terminal portuaria en Moín, dedicada a movilizar la carga de exportación e importación en contenedores. La indispensable ecuanimidad y la pertinente cordura que este asunto no encontró en las instancias administrativas donde fue tramitado, han de proveerse en sede judicial donde las partes la Cámara, por un lado, y las instancias del Estado contravenidas, entre ellas JAPDEVA y el Consejo Nacional de Concesiones, por el otro tendrán que demostrar el fundamento de sus alegatos para permitir que los jueces encuentren la luz y desvanezcan las sombras planteadas por quienes objetan el procedimiento.
No se trata de impedir la modernización portuaria ni de repudiar la concesión per se ni de desconocer la experiencia del consorcio APM Terminals, sino de buscar la manera de evitar una chambonada que podría resultar más dañosa en costos, tiempo, prestigio profesional y credibilidad política; herencia que el país ha tenido que soportar en obras concesionadas como la carretera a Caldera y el aeropuerto Juan Santamaría, pliego vergonzoso de ineptitud y descarada tolerancia que bien caro le está saliendo al costarricense y que acentúa todavía más su percepción de grave presencia de la corrupción en la gestión pública.
El país requiere emprender la solución del congestionamiento portuario ¿y cómo lograrlo si al mismo tiempo no se encara el colapso vial en las rutas de acceso a los puertos por donde se mueven cuatro quintas partes del comercio exterior del país? pero ello no ha de imponerse con el pobre criterio de que “peor es nada” para justificar una obra que excede las necesidades y capacidades de la economía, que impone tarifas sofocantes y que es adjudicada por gracia de un cartel licitatorio tachado de estar hecho a la medida de alguien.
La Cámara acusa el sentido faraónico de la obra, los cálculos ilusos del movimiento de carga —se subestima la estimación del potencial exportador de banano hecha por CORBANA, ya muy cercano al tope por agotamiento de tierras—, la carencia de estudios técnicos que acrediten la factibilidad del proyecto y las gravosas tarifas que incidirán en los costos de nuestras exportaciones. De todo ello se habló en los prolegómenos del expediente. Y si no hubo entendederas en sede administrativa, que los jueces hagan luz. Que la hagan asimismo sobre lo dicho por el ex diputado Mario Quirós del cambio de los contenidos del cartel una decena de veces y la presencia al final de un único oferente. Allí tendrá oportunidad el Ministro de Obras Públicas para demostrar los fundamentos técnicos de la concesión, el sentido realista de sus dimensiones y la razonabilidad de la proyección tarifaria. Ojalá todo se exponga a una exhaustiva revisión en sede técnica y sin la presión política que él no escatima en exhibir. Así debió haber sido en esas otras desprestigiadas concesiones de tan infausta presencia y hoy, por lo visto, huérfanas: nadie quiere asumir la paternidad de esas tortas.

Alvaro Madrigal