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Cartel de licitación para construcción de muelle en Moín se publicaría este mes
Concesión de puerto en Limón zarpa a todo vapor
>Programa permitiría iniciar obras mientras se negocian condiciones con el sindicato de Japdeva
> Plan comprende la inversión de $900 millones de capital privado en modernización


El megaproyecto para modernizar los puertos del Caribe zarpará a todo vapor.
Ni la oposición que ha manifestado una parte de los muelleros, detendrá su desembarque.
Para que el rechazo de los trabajadores no afecte el cronograma de obras se dispuso arrancar con las fases dos y tres del plan, que son la construcción inmediata de un puerto 900 metros y una ampliación de 600 metros a partir de 2016.
El plan contempla una inversión de $900 millones en procura de mejorar la eficiencia en el Caribe.
Para ello se propone que el capital privado amplíe las instalaciones actuales y construya un gran muelle.
El desarrollo de la segunda y tercera etapas se dará, mediante concesión, a una sola empresa. La inversión estimada es de $812 millones.
Se espera que este mes se vuelva a enviar a publicar el cartel de licitación, luego de varios cambios que se realizaron al original.
Precisamente por las modificaciones sugeridas por la Contraloría, fue que se postergó la recepción de ofertas que en un principio estaba fijada para el 22 de agosto.
Ahora las empresas interesadas en el proyecto tendrán hasta el 30 de noviembre para presentar sus propuestas técnica y financiera.
El desafío es que para el 8 de mayo ya se tenga escogida a la compañía que desarrollará la obra.
“La meta es que el próximo Gobierno solo tenga que dar orden de inicio”, dijo Marco Vargas, ministro de Coordinación Interinstitucional.
La oposición de una parte de los muelleros radica en que no están dispuestos a dar a la empresa privada los puertos actuales.
El plan del Gobierno es que el capital privado inyecte unos $88 millones en obras y equipos a los actuales muelles de Limón y Moín.
Dispone además especializar Limón para el atraque de cruceros, pero se haría dentro de seis años.
Debido a que no se pueden dar los puertos estatales a empresas privadas, ese proceso se hará mediante contratación administrativa.
Sin embargo hay una fuerte división de los trabajadores portuarios.
Por un lado, un grupo estaba anuente a discutir la oferta de indemnización por $138 millones planteada por el Gobierno. El dinero se distribuiría en ¢2,7 millones por año laborado a cada trabajador y hasta 20 años de cesantía.
Pero el sindicato, que se opone al plan portuario, trasladó la asamblea en la que analizará el asunto para el 9 de octubre. Esta quedó ratificada en un fallo de la Sala Constitucional. Hasta que el tema laboral se resuelva el Gobierno gestionará la modernización de los muelles actuales.
Para el sector exportador las mejoras en los muelles son urgentes.
“En tiempo y en costos estamos fuera del mercado internacional”, aseguró Mónica Araya, presidenta de la Cámara de Exportadores.
Los exportadores exigen que el proyecto se distribuya entre varias empresas —para evitar otro monopolio— y que se mejore la logística.
La urgencia por modernizar los muelles de Limón tiene el respaldo político unánime; la diferencia está en la forma de competir.
Por ejemplo, Acción Ciudadana defiende un modelo mixto con participación pública y privada.
Sin embargo, para el Gobierno la participación del Estado no tiene sentido por el alto costo de operación que representa.
El gasto en planilla, operación y el canon de desarrollo consume un 94% del presupuesto y queda un 6% para infraestructura, expuso Francisco Jiménez, presidente ejecutivo de Japdeva.
Los sindicatos se aferran a no permitir que se den al capital privado los puertos para garantizar la principal fuente de empleo de Limón, dijo Ronaldo Blear, representante de los trabajadores.
La consigna de ese gremio es que al truncar las pretensiones del Gobierno, las empresas multinacionales pierdan interés en el proyecto y se declare desierto el concurso.





Danny Canales
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