David Gutierrez

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Martes 28 Mayo, 2013

Uno de los grandes retos es el fortalecimiento institucional del MOPT y del Consejo Nacional de Concesiones. Hay carencia de estrategia y de planificación


¿Concesión de obra pública?

Los recientes eventos relativos a la frustrada concesión de la carretera San José-San Ramón provocaron reacciones desproporcionadas en contra de la figura de la concesión de obra pública.
La concesión es una asociación pública-privada que parte de una relación contractual que permite al Estado delegar en un sujeto privado el diseño, construcción, financiamiento y operación de infraestructura pública a cambio de pagos de los usuarios o contrapartidas del gobierno. La obra, al final del contrato, siempre pasa a ser propiedad pública.


La principal ventaja de esta figura es la obtención de inversión privada para ayudar a solucionar el déficit de infraestructura pública del país. Esto permite que el Estado, con grandes necesidades pero con recursos muy limitados, pueda desahogar sus finanzas y así priorizar mejor la inversión pública. El propio gobierno ha estimado en $2.500 millones la inversión anual necesaria para actualizar la infraestructura pública.
¿De dónde se van a obtener esos recursos? Como referencia, el presupuesto anual del Conavi es de 150 millones de dólares…
La segunda ventaja es que permite delegar en manos privadas la gestión de una serie de obras públicas, asegurando su conservación y mantenimiento por largos períodos.
Lamentablemente, es notorio el rezago de la infraestructura pública costarricense, lo que impacta severamente tanto en la competitividad de la economía como en la calidad de vida de quienes diariamente deben usar las colapsadas carreteras, puertos, puentes, acueductos y alcantarillas.
¿Por qué entonces, a pesar de esta situación, ha sido tan difícil desarrollar el modelo de concesión en Costa Rica? En países culturalmente cercanos a nosotros la figura más bien ha sido beneficiosa. Ejemplos de éxito abundan en Chile, Colombia, Panamá, México y Perú.
Desde la aprobación de la actual Ley de Concesiones en 1998, el país cuenta con obras concesionadas como la carretera San José-Caldera, el aeropuerto de Liberia, la terminal granelera de Puerto Caldera y el Aeropuerto Juan Santamaría (bajo gestión interesada). En todos esos casos sería mezquino no reconocer que después de la concesión contamos con mejores obras y servicios que antes. Entonces, ¿por qué no concesionar más obras?
Uno de los grandes retos es el fortalecimiento institucional del MOPT y del Consejo Nacional de Concesiones. Hay carencia de estrategia y de planificación.
Tampoco hay un equipo técnico especializado para manejar adecuadamente todas las etapas de la concesión, incluyendo la elaboración de un cartel y de un contrato cuyo contenido principal sea aprobado desde el inicio por los oferentes. La capacidad de supervisión y fiscalización es también limitada.
Algunos diputados quieren derogar la ley y eso sería un gran error. No condenemos a esta valiosa herramienta por algunas malas experiencias; por el contrario, fortalezcamos las instituciones como el Concejo Nacional de Concesiones con mayores recursos y talento.
Esto nos garantizará contar, algún día, con infraestructura de primer mundo, como ocurre hace muchos años en otros países de la región.


David Gutiérrez

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