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En diez años solo han arrancado dos proyectos mediante esa figura
Concesión de obra con una gran deuda

- Gobierno tiene el gran reto de consolidar modelo para mejorar infraestructura
- Agenda de obras por concesión pendiente incluye calles, puertos y aeropuertos

Danny Canales
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Pese a que actualmente están en marcha dos proyectos gestionados mediante concesión de obra pública este modelo sigue en deuda.
Dicha figura se aprobó en 1998 y en ese entonces se promovió como la “pomada canaria” que permitiría poner al país al día en materia de infraestructura.
Sin embargo, al transcurrir una década desde la aprobación de la ley, Costa Rica es el país con las calles en peor estado, los puertos más saturados y los aeropuertos menos cómodos de toda Centroamérica.
La concesión es una figura que le permite a la empresa privada financiar, construir, operar y dar mantenimiento a un proyecto de obra pública. Para recuperar la inversión y sacar alguna ganancia la compañía adjudicada podrá cobrar un peaje o tarifa.
Para mejorar el crítico estado de la infraestructura el Poder Ejecutivo tiene el reto de consolidar el modelo de concesiones para sacar adelante las obras pendientes desde hace años.
Actualmente hay una agenda de ocho obras de infraestructura haciendo cola. De la suerte que corran esos proyectos dependerá el futuro del modelo de las concesiones.
Si los nuevos planes avanzan de forma ágil, la figura recuperará la confianza, pero si más bien se vuelve a demorar más de seis años en trámites —que ha sido el promedio de tiempo de los proyectos en curso— el país tendría que reconsiderar si sigue apostando a las concesiones o en su defecto busca una alternativa para superar el rezago en infraestructura.
Las autoridades de Obras Públicas defienden la concesión, pues justifican que el Estado no dispone de dinero suficiente para financiar los trabajos que se necesitan.
Además Karla González, ministra del ramo, señaló que la opción para desarrollar los trabajos pendientes sería apostar en mayor medida a los créditos internacionales, pero eso endeudaría al país.
Los pocos frutos que ha cosechado el modelo de concesión responden a la poca preparación que tenía el Poder Ejecutivo para poner en marcha el nuevo mecanismo de contratación.
A ello se suma la carencia de personal en el Consejo Nacional de Concesiones —entidad que promueve los nuevos proyectos—, el atraso en las expropiaciones de terrenos y a la gran cantidad de instituciones que deben consultarse para llevar a cabo un proyecto.
Para acortar el vía crucis que enfrentan las concesiones, los diputados reformaron este año la ley en busca agilizar los trámites que deben completar las firmas privadas para construir y administrar grandes obras de infraestructura.
La expectativa del gobierno es recortar de seis a menos de dos años el tiempo que tardarán los trámites para poder dar la orden de inicio de los futuros proyectos.
La idea es que las nuevas reglas den un segundo aire a las concesiones. La agenda de proyectos en camino incluye la construcción de una terminal de pasajeros en el Daniel Oduber —que ya fue adjudicado a un grupo estadounidense— y de un nuevo aeropuerto en la Zona Sur.
En materia portuaria avanza el plan para construir un puerto de transferencia y la modernización de las terminales de Moín y Limón.
En el tema vial destacan la construcción de una nueva ruta al Caribe, la carretera Florencio del Castillo y la conclusión de la vía de Circunvalación.
Por último, se estudia la posibilidad de dar a la empresa privada la instalación y operación de un tren ligero de pasajeros y la reactivación del ferrocarril de carga hacia los puertos del Pacífico y del Caribe.
Hasta ahora el avance de obras gestionadas por concesión lleva un balance negativo. Dos proyectos en marcha, cuatro fracasos y otro que fue adjudicado hace más de dos años y aún no ha podido arrancar.
Las obras que lograron avanzar son la modernización del puerto de Caldera y la construcción de una carretera a Caldera.
De los proyectos que no vieron la luz el más sonado fue el que pretendió la ampliación de la carretera Bernardo Soto, ya que la empresa Marhnos, adjudicataria de la obra, la dejó abandonada por problemas financieros.
La construcción de una terminal atunera y un muelle de cruceros en el Pacífico también tumbaron. En ambos casos el concurso se declaró desierto porque no despertó interés de las empresas.
Por ese mismo motivo se descarriló el plan que gestionó la administración Rodríguez Echeverría (1998-2002) para dar a la empresa privada la operación de los trenes de carga.
Asimismo los trabajos de ampliación de la ruta que va de la Agencia Datsun a San Ramón está en veremos. Los trabajos debieron comenzar en 2006, pero atrasos en las expropiaciones y el desequilibrio financiero que sufrió el proyecto por el aumento de los costos de los materiales de construcción durante el tiempo que lleva esperando la empresa no han permitido dar la orden de inicio.
La meta del Poder Ejecutivo es resolver los problemas que impiden el inicio de los trabajos en la ruta hacia San Ramón en el primer trimestre de 2009.

Avance

 

 


Pendiente

 

 

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