¿Cómo el expresidente de la Corte se pensionó a los 55 años?
El exmagistrado se acogió al retiro en momentos en que se le cuestionaba por haber desestimado una causa de supuesto tráfico de influencias. Archivo/La República
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A la mayoría de personas le sorprendió ayer que Carlos Chinchilla, ex presidente de la Corte, se acogiera a su pensión con tan solo 55 años.

Pero, ¿cómo es que una persona en el poder judicial se puede jubilar a esa edad?.

La respuesta es sencilla, un régimen especial cobija a los empleados de ese poder de la República, el cual, les permite pensionarse al llegar a dicha edad, siempre y cuando, hayan cumplido con 30 años de trabajo en la institución.

Por su parte, los trabajadores del sector privado que están afiliados al régimen de la Caja Costarricense del Seguro Social, no pueden retirarse hasta llegar a los 60 o 62 años, dependiendo del sexo.

Pero eso no es todo, el régimen jubilatorio especial también le permitirá al exmagistrado estimar su pensión de acuerdo a sus últimos 24 salarios -los mejores de su vida laboral- y no a los 240 que se usan para calcular la pensión que reciben la mayoría de trabajadores.

Esto permitirá que Chinchilla sea un pensionado de lujo con una suma mensual superior a los ¢7 millones al mes; mientras que en el caso de los trabajadores, la pensión de la Caja no puede superar los ¢1,5 millones por ley.

Los privilegios del exmagistrado se financian en parte con aporte de los trabajadores del poder judicial, pero también con el respaldo económico que brinda el Estado todos los años por medio del presupuesto.

El abusivo régimen judicial ya fue motivo de una reforma por la anterior Asamblea Legislativa, ya que sus privilegios promovieron un déficit superior a los ¢5 billones.

Sin embargo, la ley cuenta con un transitorio de 18 meses desde su aprobación – en mayo de este año- para que los cambios empiecen a regir, por lo que Chinchilla se pudo pensionar con las condiciones anteriores.

El exmagistrado se acogió al retiro en momentos en que se le cuestionaba por haber desestimado una causa de supuesto tráfico de influencias en contra de los exdiputados Otto Guevara, del Movimiento Libertario, y Víctor Morales Zapata, del PAC, a quienes se les señaló con el caso del cemento chino.  


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