Enviar
Plan aumentaría multas a empresarios que manipulen precios o información de productos
Comercios recibirían fuertes sanciones por abusos contra el consumidor

• Dueños de negocios se oponen a iniciativa y critican intenciones

Ernesto José Villalobos
[email protected]

Los comercios que incurran en usura y especulación podrían recibir fuertes castigos económicos.
Un plan en el Congreso ya recibió el aval inicial de una comisión, lo cual implicaría un aumento en las multas por estos delitos de hasta un 1.250% con respecto a los actuales cobros.
No obstante, la iniciativa ha motivado el enojo del sector comercial y empresarial.
Las grandes cadenas de supermercados y la industria alimentaria lanzaron una voz de alerta ante los cambios a las leyes del consumidor, propuestos por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (Meic),
Ellos coinciden en que las variantes afectarían la competencia y dificultarían la efectiva defensa de los derechos de los consumidores.
El proyecto plantea la eliminación de una serie de trámites que actualmente entorpecen las gestiones en defensa del consumidor, como por ejemplo la necesidad de que sea el representante legal de una empresa quien reciba cualquier notificación y la imposibilidad de cerrar un negocio aunque se detecten y comprueben anomalías.
“Lo que procuramos es darles herramientas a nuestros despachos, para que actúen en una forma muy similar a la que aplican las autoridades de Hacienda cuando hay incumplimiento en materia de tributación”, explicó Eduardo Sibaja, viceministro de Economía.
En revisiones llevadas a cabo recientemente por inspectores del Meic, más de una veintena de comercios fueron multados por manejar precios especulativamente, e incluso usurando en beneficio propio.
Ante hallazgos como estos, actualmente la ley obliga a seguir un proceso que puede demorar semanas antes de que se apliquen las medidas para evitar los abusos contra los compradores.
La propuesta incluye la imposición de multas cuyo tope pasaría de los 40 salarios base —unos ¢6 millones— hasta 500 salarios base, o sea ¢75 millones, por caso de usura o especulación.
No obstante, representantes de supermercados y de la industria alimentaria se oponen a la iniciativa, pues consideran que vendría a entorpecer la libre competencia y el normal desarrollo del mercado.
“Este tipo de iniciativas obstruye la libre competencia y eso no es bueno para crear y mantener el mejor ambiente para hacer negocios, ni para atraer inversión”, sostuvo Tomás Pozuelo, presidente de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia).
En tono similar se expresan los comerciantes, para quienes el Gobierno debería preocuparse más por promover una adecuada competencia.
“Estamos seguros de que las autoridades costarricenses estarán siempre de acuerdo en garantizar la justa libertad para competir y hacer negocios”, sostuvo Ignacio Pérez, vicepresidente de Wal-Mart para Centroamérica.
No obstante, otros miembros del sector comercial más bien se manifestaron a favor.
“Una ley de estas características no hace más que poner a todos los jugadores comerciales en las mismas condiciones. Al final todos competimos por lograr la preferencia del cliente y este tipo de medidas garantiza que sea tratado de la mejor manera”, aseveró Eduardo Córdoba, gerente de Mercadeo del Grupo Gollo.
Para el Gobierno, lo importante es que el comercio garantice los derechos de los consumidores.
“La idea no es convertirse en un aplicador de multas, sino que mediante el incremento de estas los empresarios hagan ver a sus equipos administradores lo importante que es no infringir la ley. Actualmente hay empresas que son multadas con montos que facturan en una o dos horas de su jornada diaria”, agregó Cynthia Zapata, directora de la Oficina de Defensa del Consumidor.
Aunque pareciera contradictorio, la posición de agrupaciones pro consumidor cuestionan varios enunciados del proyecto.

“Expresamos nuestro desacuerdo. Uno de los puntos que menos compartimos es el castigo solidario que se aplicaría a los proveedores de un supermercado o comercio, si se encontraran irregularidades de precio al consumidor en el anaquel”, aseveró Erick Ulate, presidente de Consumidores de Costa Rica (Concori).
Las dudas de Concori se extienden a otras áreas, como por ejemplo la obligatoriedad de que los centros de venta reciban bienes a cualquier productor, sin importar su calidad.
En la corriente legislativa, tanto el Partido Acción Ciudadana como Liberación Nacional han externado su disposición a aprobar el proyecto. Con esos votos, la propuesta se podría convertir en ley sin mayores inconvenientes.

Ver comentarios