Comercio en línea sería regulado

Para las empresas nacionales que hacen negocios en línea, el brindar confianza a sus clientes podría significar el éxito o fracaso, en un mercado mundial altamente competitivo.
Por ello, empresarios y expertos en materia de tecnologías de comunicación e información, piden a los diputados regular el comercio electrónico por medio de una ley que ya se discute en la Asamblea.
Al aprobarse la iniciativa, se daría seguridad jurídica a empresarios y consumidores que transen bienes y servicios en línea, ya que se establecerían sanciones y obligaciones claras para quienes hacen negocios por esta vía.
La propuesta cumple con los estándares en materia de comercio electrónico que ya se aplican en los países desarrollados, lo que facilitaría a las empresas nacionales hacer negocios en esos mercados y hasta ayudaría al país a incorporarse a la OCDE, dijo Michael Arce, diputado del PLN.
“La Ley de Comercio Electrónico es uno de los grandes proyectos que esta Asamblea puede aprobar, ya que su impacto será muy alto”, agregó.
En estos momentos, unas 40 mil pymes en el país están relacionadas con las tecnologías de información y comunicación, dando empleo directo a unas 90 mil personas.
Además de bienes y servicios, la ley contempla el pago de publicidad a través de redes sociales y sitios web, así como otros tipos de contratos y el suministro de información por vía electrónica.
La iniciativa contempla sanciones que van desde los 30 hasta 100 salarios base.
Asimismo, se castigaría con la inhabilitación para operar hasta por dos años, a las empresas que sean reincidentes en la comisión de una infracción grave, en un periodo de 36 meses.
La necesidad de regular esta materia se debe a que el código de comercio vigente está desfasado en cuanto a las ventas en línea, ya que este se redactó en los años 70, cuando aún no se había desarrollado la tecnología que da soporte a los servicios a través de la red.
Una vez que se apruebe esta norma, regirá sobre los prestadores de servicios en línea que se encuentren establecidos en Costa Rica, lo que significa que un comerciante fuera de nuestro país que haga un negocio con un nacional deberá responder por las leyes que rigen en donde se encuentre domiciliado.