Comercio pirata obligado a cambiar por nuevas normas
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Lunes 16 marzo, 2009
Vendedores se mantienen herméticos pero empiezan a cambiar hábitos
Comercio pirata obligado a cambiar por nuevas normas
Nuevas regulaciones harán que una persona pueda ir a la cárcel de cuatro a seis años por incumplimiento a la ley de derechos de autor y conexos
Yessenia Garita
ygarita@larepublica.net
El temor a ir a la cárcel por la venta de productos pirateados está cambiando la actitud de los comerciantes, quienes ya empiezan a cuidarse para no incumplir con la ley de observancia, relacionada con la propiedad intelectual.
Ya no es sencillo encontrar un centro de copiado en el que “clonen” un libro, como se le llama a fotocopiar un texto y empastarlo para que se vea casi idéntico al original.
Con ese sistema el clon del libro “Los 80 conceptos esenciales del Marketing”, de Philip Kotler, incluyendo la portada podía conseguirse en ¢2.500, mientras que la versión salida de la casa editorial tiene un costo de ¢12 mil.
En los centros de fotocopiado ubicados en los alrededores de la Universidad de Costa Rica, ya existen rótulos indicando que no se realiza ese tipo de trabajo, pero tampoco se arriesgan a fotocopiar libros de casas editoriales, como University, Harcourt, School Thompson, y así lo hacen saber al cliente.
En esos centros no permitieron a LA REPUBLICA hacer fotografías ni quisieron brindar declaraciones, solo se limitaron a indicar que “tomamos la medida de olvidarnos de los clones”.
Si bien en el país ya había legislación referente a los derechos de autor, la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio de América Central (Cafta) trajo consigo mayor temor de los comerciantes, pues las sanciones por incumplimiento los ponen ahora más cerca de ir a prisión.
En nuestro país, los derechos de propiedad intelectual tienen fundamento en al menos 12 leyes y decretos, incluso el artículo 47 de la Constitución Política, dispone que “todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley”.
La diferencia es que con el Cafta las penas pasan a ser de cuatro a seis años de prisión, y eso significa que se elimina la posibilidad de acogerse a una ejecución condicional de la pena.
Con ello, quienes todavía se arriesgan a vender una copia de un juego de Play Station II en ¢2 mil, como sucede aún en el Mall San Pedro, podrían terminar tras las rejas. Pero la tentación de buscar la copia sigue siendo grande para el consumidor si en el mismo centro comercial la versión original del juego se consigue en ¢27 mil.
Quienes desde siempre han trabajado apegados a la ley, el nuevo escenario es más bien un premio esperado por mucho tiempo. Videocentro, una cadena de videoclubes con 14 locales en los que solo se alquilan versiones originales de películas, la piratería se traduce claramente en una forma de competencia desleal.
“La inversión de quienes se dedican a la piratería es mínima, por un disco de DVD pueden gastar $0,25, mientras que nosotros pagamos hasta $40 por cada película original que traemos al país, y que luego es alquilada a un precio asequible para los usuarios”, dijo Carlos Guardia, presidente de la cadena.
Los compositores y autores nacionales también celebran los cambios y aseguran que el Cafta viene a fortalecer las sanciones civiles y penales en materia de derechos de autor y ahora se va a garantizar una mejor persecución del delito.
“Piratear o clonar es un delito desde hace muchos años, pero había poca regulación con las penas”, dijo Mario Campos, director general de la Asociación de Compositores y Autores Nacionales de Costa Rica (ACAM).
El músico indicó que actualmente se recaudan alrededor de ¢600 millones al año, mediante el canon que debe pagar un establecimiento para el permiso de funcionamiento, por derechos de autor, dineros utilizados en beneficio de los autores y artistas.
Costa Rica se encuentra en la “lista negra” de Estados Unidos de países con mayores índices de piratería comercial y está “bajo observancia” de las autoridades norteamericanas.
Solo en 2008, la industria musical y la de software, pudieron haber tenido pérdidas por $14 millones y $15 millones, respectivamente, por piratería de acuerdo con la página de Internet Alianza Internacional de Propiedad Intelectual (www.iipa.com.). No existen datos
de las pérdidas por clonación de libros, porque no existe aún una organización encargada de fiscalizar los derechos reprográficos, sin embargo, un grupo de editoriales y librerías con operación en Costa Rica ya se pronunció públicamente en contra de lo que consideran portillos para que la práctica de copiar libros siga por la libre.
El comercio por Internet también está adoptando medidas para evitar la piratería y los consiguientes problemas legales. Así, en la página de mercadolibre.com se indica que “no se permite la venta de CD regrabados, discos compactos ilegales o copias de CD, películas en formato VCD, DIVX o cualquier otro formato no comercial salvo que sean los titulares de derechos de autor quienes vendan los artículos”.
Para enfrentar esta situación y apoyar a los gobiernos latinoamericanos, Microsoft estableció el primer Laboratorio para Análisis de Identificación de Producto (PID) de Latinoamérica, cuya sede se encuentra en Bogotá.
Comercio pirata obligado a cambiar por nuevas normas
Nuevas regulaciones harán que una persona pueda ir a la cárcel de cuatro a seis años por incumplimiento a la ley de derechos de autor y conexos
Yessenia Garita
ygarita@larepublica.net
El temor a ir a la cárcel por la venta de productos pirateados está cambiando la actitud de los comerciantes, quienes ya empiezan a cuidarse para no incumplir con la ley de observancia, relacionada con la propiedad intelectual.
Ya no es sencillo encontrar un centro de copiado en el que “clonen” un libro, como se le llama a fotocopiar un texto y empastarlo para que se vea casi idéntico al original.
Con ese sistema el clon del libro “Los 80 conceptos esenciales del Marketing”, de Philip Kotler, incluyendo la portada podía conseguirse en ¢2.500, mientras que la versión salida de la casa editorial tiene un costo de ¢12 mil.
En los centros de fotocopiado ubicados en los alrededores de la Universidad de Costa Rica, ya existen rótulos indicando que no se realiza ese tipo de trabajo, pero tampoco se arriesgan a fotocopiar libros de casas editoriales, como University, Harcourt, School Thompson, y así lo hacen saber al cliente.
En esos centros no permitieron a LA REPUBLICA hacer fotografías ni quisieron brindar declaraciones, solo se limitaron a indicar que “tomamos la medida de olvidarnos de los clones”.
Si bien en el país ya había legislación referente a los derechos de autor, la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio de América Central (Cafta) trajo consigo mayor temor de los comerciantes, pues las sanciones por incumplimiento los ponen ahora más cerca de ir a prisión.
En nuestro país, los derechos de propiedad intelectual tienen fundamento en al menos 12 leyes y decretos, incluso el artículo 47 de la Constitución Política, dispone que “todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley”.
La diferencia es que con el Cafta las penas pasan a ser de cuatro a seis años de prisión, y eso significa que se elimina la posibilidad de acogerse a una ejecución condicional de la pena.
Con ello, quienes todavía se arriesgan a vender una copia de un juego de Play Station II en ¢2 mil, como sucede aún en el Mall San Pedro, podrían terminar tras las rejas. Pero la tentación de buscar la copia sigue siendo grande para el consumidor si en el mismo centro comercial la versión original del juego se consigue en ¢27 mil.
Quienes desde siempre han trabajado apegados a la ley, el nuevo escenario es más bien un premio esperado por mucho tiempo. Videocentro, una cadena de videoclubes con 14 locales en los que solo se alquilan versiones originales de películas, la piratería se traduce claramente en una forma de competencia desleal.
“La inversión de quienes se dedican a la piratería es mínima, por un disco de DVD pueden gastar $0,25, mientras que nosotros pagamos hasta $40 por cada película original que traemos al país, y que luego es alquilada a un precio asequible para los usuarios”, dijo Carlos Guardia, presidente de la cadena.
Los compositores y autores nacionales también celebran los cambios y aseguran que el Cafta viene a fortalecer las sanciones civiles y penales en materia de derechos de autor y ahora se va a garantizar una mejor persecución del delito.
“Piratear o clonar es un delito desde hace muchos años, pero había poca regulación con las penas”, dijo Mario Campos, director general de la Asociación de Compositores y Autores Nacionales de Costa Rica (ACAM).
El músico indicó que actualmente se recaudan alrededor de ¢600 millones al año, mediante el canon que debe pagar un establecimiento para el permiso de funcionamiento, por derechos de autor, dineros utilizados en beneficio de los autores y artistas.
Costa Rica se encuentra en la “lista negra” de Estados Unidos de países con mayores índices de piratería comercial y está “bajo observancia” de las autoridades norteamericanas.
Solo en 2008, la industria musical y la de software, pudieron haber tenido pérdidas por $14 millones y $15 millones, respectivamente, por piratería de acuerdo con la página de Internet Alianza Internacional de Propiedad Intelectual (www.iipa.com.). No existen datos
El comercio por Internet también está adoptando medidas para evitar la piratería y los consiguientes problemas legales. Así, en la página de mercadolibre.com se indica que “no se permite la venta de CD regrabados, discos compactos ilegales o copias de CD, películas en formato VCD, DIVX o cualquier otro formato no comercial salvo que sean los titulares de derechos de autor quienes vendan los artículos”.
Para enfrentar esta situación y apoyar a los gobiernos latinoamericanos, Microsoft estableció el primer Laboratorio para Análisis de Identificación de Producto (PID) de Latinoamérica, cuya sede se encuentra en Bogotá.