Solamente en una republiqueta inmoral (y Costa Rica creo que todavía no lo es aunque va por mal camino) se puede concebir que la presencia de un magistrado en la Corte Suprema de Justicia esté sujeta a que a los diputados les gusten las sentencias que firma

CHISPORROTEOS

El escándalo que se ha armado en torno a la destitución del magistrado Fernando Cruz por una coalición de diputados, destitución acordada días después de que, según la Constitución y la Ley estaba tácitamente reelecto, es un escándalo propio de la Costa Rica de hoy, que podríamos calificarla inventando un adjetivo, de alegal. Es decir, olvidado o ignorante de las leyes.
Aunque digan que no, y aunque uno de los hermanos Arias se haya apresurado a salir a quitarse el tiro sin que nadie los hubiese mencionado, basta leer el rápido recuento que la prensa ha hecho de los votos del magistrado Cruz para caer en la cuenta de que lo que en este caso cuenta es que le están pasando una cuenta, y que la cuenta es, claramente, el haber votado negativamente algunos asuntos gordos que interesaban personal o políticamente a los hermanos Arias.
No hay antecedentes de que alguna vez en Costa Rica, llegada la hora de reelegir a un magistrado, se haya hecho un recuento de sus votos y opiniones. Imagínense ustedes ese recuento en los votos de magistrados de las salas civiles, penales o laborales, para que se den cuenta de la enormidad de que han hecho víctima al magistrado (a mis ojos todavía magistrado) Cruz.
Y es que el magistrado Cruz, por decirlo en términos de sus enemigos, le salió repetidamente güero a alguien. Lo cual me explica con mucha claridad la conducta del Diputado Fishman, que se salió airosamente del canasto en que se había metido.
Solamente en una republiqueta inmoral (y Costa Rica creo que todavía no lo es aunque va por mal camino) se puede concebir que la presencia de un magistrado en la Corte Suprema de Justicia esté sujeta a que a los diputados les gusten la sentencias que firma. En una República el contenido de esas sentencias sólo debe importar a quienes son parte en el proceso respectivo, y a los profesionales en derecho por la jurisprudencia que sienten y que puede (y en ciertos países no en Costa Rica, debe) repetirse.
Prefiero creer que este asunto es producto de la ignorancia y no de la mala fe o perversidad. Confío en que se resuelva como procede, decentemente, dentro de la ética, dentro de la Constitución y de acuerdo con la ley. Y que el Magistrado Cruz, reelecto desde hace días, continúe prestigiando la Sala Constitucional.
Los diputados que cometieron la fechoría deberían renunciar a sus curules (dada la completa ignorancia de su significado que han demostrado tener), pero eso no ocurrirá, aunque es de esperar que la magna burrada que cometieron no volverá a repetirse al menos dentro de los próximos nueve siglos.

Alberto F. Cañas

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