Alberto Cañas

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Miércoles 29 Agosto, 2012


CHISPORROTEOS


No me explico por qué el Poder Ejecutivo no ha pedido a la Asamblea Legislativa la derogatoria de la horrenda por corruptora ley que obliga al Ministerio de Obras Públicas a dar en concesión todas sus obras y que ha tenido como consecuencia que el Ministerio prácticamente desaparezca, convertido en una oficina burocrática que resuelve licitaciones.
Esa ley ha convertido en sospechosa la actividad del Ministerio, limitada a escoger quién hará las obras y, tal vez sí tal vez no, a aprobarlas y recibirlas por buenas, o desaprobarlas y rechazarlas por malas, con las consecuencias inmediatas que serían de suponer, cosa que no ha hecho nunca… aunque después las obras se caigan.
Un Ministerio que hace cien años dio por concluida la magnífica construcción del Ferrocarril al Pacífico sin participación extraña, y que ello fue orgullo de los costarricenses desde entonces, con énfasis en los últimos gobiernos de don Cleto González Víquez y don Ricardo Jiménez y el de don León Cortés (1928-1940), hoy es una infeliz oficina incapaz de ser poca cosa más que espectadora de lo que hacen, deshacen o malhacen los contratistas.

Vuelva el Estado costarricense a organizar un Ministerio que fue su orgullo, y durmamos tranquilos los ciudadanos. Pero hágalo ya. Estoy seguro de que un proyecto así no encontrará dificultades en la Asamblea Legislativa, por más inoperante e impredecible que sea la actual.
Y como todavía me queda espacio, menciono otra ley que habría que derogar sobre la marcha: la que organiza la Junta Directiva del Seguro Social con representantes de cámaras, sindicatos, cooperativas, y que vuelva esa Junta a ser nombrada libre y paulatinamente por el Poder Ejecutivo, que desaparezca la presidencia ejecutiva, y la Caja sea gobernada, como lo fue en sus mejores tiempos, por un Gerente designado por una Junta Directiva nombrada paulatinamente por el Ejecutivo, y no necesariamente médico, a mediados del gobierno.
Así todo caminó bien. Con la legislación actual todo ha terminado por andar mal.
Además, la Caja es una institución financiera, la más grande de Centroamérica, no una institución médica.
Un día de éstos me referiré a otras leyes cuya derogatoria es imprescindible.

Alberto F. Cañas