Deja responsabilidad de reformas a diputados

Chinchilla se lava las manos con “ley mordaza”

Admite yerros y enviará reforma al Congreso

En el pasado cuando no estuvo a gusto con el contenido de una ley, la presidenta Laura Chinchilla la vetó por completo o de forma parcial.
En otras ocasiones corrigió los yerros con decretos que firmó a la brevedad posible.
Sin embargo, con la ley de delitos informáticos o “ley mordaza” —que abre el portillo para que investigaciones periodísticas sean sancionadas con pena de cárcel—, ocurrió todo lo contrario, se lavó las manos y les pasó la responsabilidad a los diputados.
Luego de dar el aval para que esa legislación rija desde el pasado martes, una vez publicada en el diario oficial La Gaceta, aduciendo que de no autorizar su envío a la Imprenta Nacional, podría ser acusada de desacato, pues ya tenía luz verde de los diputados y ella la había firmado.
Ahora el Poder Ejecutivo solo optará por enviar una reforma al Congreso para que sea ahí donde se hagan los cambios, tras reconocer que existen anomalías.
Por cierto, al texto que presentará, adjuntará una excitativa para que los legisladores lo aprueben a la brevedad posible.
En la Asamblea las posibles variables se discuten desde julio de 2012, después de que Chinchilla le diera aval a la ley. No obstante, hasta la fecha no se llega a un acuerdo en esta lucha que emprendió el Colegio de Periodistas.
Es en la comisión de derechos humanos donde ahora deberá subsanarse el error.
Dicha instancia está conformada por los diputados Justo Orozco, de Renovación Costarricense; Jorge Angulo, Oscar Alfaro y Luis Antonio Aiza, del PLN; Adonay Enríquez, del Movimiento Libertario, y Carmen Muñoz y Juan Carlos Mendoza, del PAC.
Esa ley varía siete artículos de la que se refiere a delitos informáticos y establece penas de prisión. No obstante, solo tres de ellos generan cuestionamientos.
Se trata de aquellos que sancionan con entre tres y seis años de cárcel a quienes sin previa autorización intercepten información o comunicaciones dirigidas a otras personas.
O bien el artículo que castiga de igual forma a quienes desvíen datos para un fin distinto para el que fueron recolectados.
El tercer artículo en cuestión, se refiere a la sanción de entre cuatro y ocho años que se le impondrá a quien procure u obtenga indebidamente “informaciones secretas políticas”.
Sobre ese aspecto, se teme que sea una salvaguarda para políticos o agrupaciones de posibles cuestionamientos.
Esta ley hubiese impedido investigaciones periodísticas como los casos Caja-Fischel e ICE-Alcatel.

Natasha Cambronero
ncambronero@larepublica.net