Cerrar el país no es la solución

Volando Guayabazos

Felipe Guadamuz Flores

Cerrar el país en el medio de una crisis fiscal sin precedentes, con la tasa más alta de desempleo solamente superada por Venezuela y un gobierno sin rumbo con un Presidente sugiriendo incoherencias, no es la solución para enfrentar los efectos de la pandemia.

Cuando un sindicato que no ha mostrado la menor solidaridad en el cual hasta algunos de sus líderes celebran el natalicio de Hugo Chávez, pide el cierre de un país, hay que tener cuidado. Las cosas deben tomarse de dónde vienen y organizaciones con líderes afines al chavismo pidiendo el cierre de un país es una alerta roja para ponernos a pensar y no permitir que, utilizando la pandemia, el chavismo penetre más en el país y termine por destruirlo.

El problema de la pandemia actual y que la tasa de contagios por cada cien mil habitantes sea inclusive superior a la de la India, país que hoy es el foco de la enfermedad por sus mutaciones y manejo de la situación, evidencia las malas decisiones de marzo de dos mil veinte tomadas por el gobierno, las cuales ahora nos afectan poco más de un año después y continuarán afectándonos porque la impericia de la Administración Alvarado Quesada aumenta en vez de disminuir. ¿Ha permitido el gobierno una inmunidad de rebaño sin decirnos nada al respecto y por eso se dieron tantos contagios? De ser así, lo correcto habría sido informarnos a la población y no llevarnos con una venda transitando por una senda irregular, sin claridad sobre hacia dónde estamos siendo dirigidos.

Es indudable en tiempos como el actual, la importancia de un sistema de seguridad social, pero ese sistema debe ser racional y emplear a las personas necesarias para llevar a cabo sus funciones y sancionar, con el máximo rigor, la negligencia de quienes no pueden ni siquiera administrar bien una vacuna o custodiarlas para que cumplan con los requisitos mínimos de almacenamiento y transporte para así mantener su efectividad. Por ello, para poder tener seguridad, se vuelve necesario auditar el manejo de la vacuna y así identificar áreas de oportunidad y también las áreas de acierto en ese tema.

Curiosamente, desde la campaña de vacunación, se ha dado un aumento exponencial en los casos y aquí surge la pregunta más importante: ¿Están los funcionarios de la institución cumpliendo con las exigencias de manipulación de la vacuna de acuerdo con lo determinado por el fabricante?

Ya un médico en Limón falleció después de haber recibido ambas dosis, lo cual pone en tela de duda, no la eficacia de la vacuna, sino la manera mediante la cual ésta está siendo manejada. Es innegable que a la par del inicio de la vacunación ha habido un aumento en casos de hospitalización por la enfermedad y las autoridades de la Caja tienen la obligación de indicar cuántos de esos nuevos casos de hospitalización fueron de personas que ya recibieron la vacuna, porque no se puede cerrar el país aduciendo la incidencia de nuevos casos, cuando las personas fueron vacunadas, pues en teoría la vacuna es para que no se contagien o si lo hacen y se enferman, los síntomas no sean tan graves

Cerrar el país es agravar el problema, lo que se debe hacer es tomar acciones claras y contundentes contra quienes no respeten el distanciamiento, no cumplan las medidas de prevención y no respeten el aforamiento.

Todavía no ha surgido una solución ante un virus tan complejo y con tantas mutaciones, pero el respeto mínimo por los demás, el distanciamiento social, el aforamiento, el uso de tapabocas y el sentido común, son mucho más eficientes que cualquier otra medida que nos lleve al precipicio. Todo empieza por la ciudadanía y por la policía, para eso la Ley General de Salud incluye un artículo para sancionar con un salario base a quienes no cumplan con las medidas sanitarias.

Donde la ley no distingue, no lo tienen por qué hacer las autoridades y mientras no haya modificaciones a las leyes para sancionar severamente a quienes no respeten y eviten el contagio de los demás, con penas que realmente disuadan a la población, corresponde a las autoridades del gobierno aplicar las disposiciones en materia de salud pública, incluyendo las sanciones que si bien son leves, en comparación con el daño que causan los sancionados, al menos serían una muestra de que el pueblo no está por tolerar a los inconscientes, lo cual, lleva al último punto que es el incrementar por lo menos a tres salarios base esas sanciones para que así exista un verdadero mecanismo de desincentivar a los irresponsables y sino se desincentivan tan fácilmente, por lo menos de que sientan el peso en sus bolsillos.

Ya hay legislación a nivel administrativo para sancionar, aunque sea levemente a quienes incumplen las medidas adoptadas por las autoridades de salud. El hecho de someter a esas personas a un debido proceso, no debería ser motivo para no hacerlo y para ello es obligación de la Asamblea aprobar una ley en la cual establezca un transitorio y una extensión en los plazos de investigación y celebración de los procedimientos administrativos contra quienes no cumplieron con las medidas y podrían ser sancionados, así como modificar la Ley General de Salud para que en su artículo 378 se incluya la posibilidad de imponer esa sanción a quienes son encontrados en flagrancia incumpliendo con las disposiciones de las autoridades de salud con sanciones de por lo menos tres salarios base.

No se trata de que todos nos muramos de hambre sino de sancionar a los verdaderos pecadores, no a los justos que tratan de hacer las cosas bien, pero también de que el gobierno actúe con transparencia y en vez de que el Presidente de la República sugiera ir a vacunarnos en el exterior, que lleven a cabo la vacunación en casa como tiene que ser y no aplicar medidas que no han demostrado ser eficientes y más bien podrían dar una estocada fatal al país tal y como lo conocemos.