Caso de espionaje de Carlos Alvarado se tramitaría en un juzgado ordinario

Debido a que el mandatario Carlos Alvarado dejará el cargo en mayo próximo, el caso de supuesto espionaje en contra los costarricenses -conocido como UPAD - que él y otros funcionarios supuestamente cometieron se tramitaría en un juzgado ordinario y no en la Sala III.

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Y es que al perder su condición de mandatario, Alvarado perdería el privilegio que lo protege como integrante de los supremos poderes, por lo que ya no sería indagado, ni juzgado por los magistrados.

Es por que ello que si al 8 de mayo del 2022 -día en que Alvarado entregará la banda presidencial - no se ha logrado avanzar con el levantamiento de su inmunidad, o habiéndose levantado la inmunidad no ha sido posible realizar el juicio ante la Sala III de la Corte, el expediente penal deberá continuar su trámite bajo el procedimiento penal ordinario.

“Esto conllevará que sea la Fiscalía y no la Sala III de la Corte, la que reciba la declaración indagatoria de los imputados y, posteriormente, se remita el expediente al Juzgado Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial, para la audiencia preliminar, en la que se decidirá si procede o no la apertura a juicio”, indicó el Ministerio Público ante una consulta de LA REPÚBLICA.

Al cambiar de sede de juzgado, el caso tendería a atrasarse más porque pasaría a ser un caso penal ordinario y con ello sería un juicio más entre cientos de causas.

Por otra parte, el debate sería público y no confidencial como sería en estos momentos al realizarse en la Sala III.

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Desde el miércoles 2 de febrero la fiscalía solicitó levantar la inmunidad del presidente.

Este medio consultó al Poder Judicial sobre el avance del proceso, pero el departamento de prensa señaló que “por ser un caso en trámite no es posible brindar detalles propios del expediente”, por lo que se desconoce si ha avanzado o no.

Al presidente y a Víctor Morales, exministro de la presidencia, se les investiga por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

Se trata de un grupo de trabajo creado por el Presidente, con el objetivo de ayudarle a tomar decisiones basado en datos y métricas estadísticas, sin embargo, fue desmantelado cuando se dio a conocer que la organización manejaba datos supuestamente confidenciales de los costarricenses.

Por estos hechos, la fiscalía allanó la Casa Presidencial y el propio mandatario es investigado por abuso de poder y prevaricato, entre otros delitos, los cuales, tienen penas entre tres meses y seis años de cárcel.

La UPAD fue creada en silencio por el Gobierno de Alvarado y funcionó un año y medio sin que trascendiera públicamente su existencia.

Por estos hechos, Morales renunció a su cargo como ministro de la presidencia.

A ocho semanas de dejar Casa Presidencial, Alvarado tiene activas un total de diez causas según confirmó el Ministerio Público.

Asociación ilícita, cohecho, malversación y nombramientos ilegales son parte de los supuestos delitos que investiga el Ministerio Público.

Sobre estos temas, el mandatario señaló que la actividad política no está exenta de este tipo de denuncias, las cuales, está seguro se terminarán por descartar.