Caso contra Presidente tendría débil sustento
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Jueves 23 octubre, 2008
Dos leyes y permisos técnicos respaldarían declaratoria de interés de Mina Crucitas
Caso contra Oscar Arias tendría poco sustento
• Presidente negó haber emitido resoluciones contrarias a la ley o fundamentadas en hechos falsos
Natasha Cambronero y Carlos Jesús Mora
ncambronero@larepublica.net
cmorah@larepublica.net
La investigación que inició la Fiscalía en contra de Oscar Arias, presidente de la República, y Roberto Dobles, ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet) por la posible comisión de prevaricato, podría tener un sustento legal débil.
Arias y Dobles firmaron un decreto ejecutivo en el cual declaran de interés público la conformación de tajos y la tala de árboles para desarrollar el proyecto de la Mina Crucitas.
Esta situación generó que el fiscal general Francisco Dall’Anese anunciara el inicio de la investigación; no obstante, esta no tendría los fundamentos legales suficientes para llegar a una acusación formal, a juicio de analistas.
La opinión de los juristas se basa en el hecho de que el decreto de interés público no aprueba la viabilidad ambiental del proyecto como tal, sino que se basa en una autorización previa efectuada en 2005, así como en otra posterior de febrero de este año por parte de la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (Setena).
Además se debe tomar en cuenta que el Area de Conservación Arenal permitió el cambio de uso de suelo en el proyecto Crucitas.
De igual forma, la declaratoria se realizó con base en el código de Minería y la Ley Forestal, según sus artículos 6 y 2 respectivamente.
“El Código de Minería dice que esta actividad es de interés nacional y la Ley Forestal que podrán declararse de interés nacional todas aquellas actividades forestales cuando el beneficio sea mayor al impacto ambiental, y en este caso pareciera que el impacto es menor”, aseguró Adrián Bonilla, abogado penalista.
Aunado a ello, se debe tomar en cuenta la propia jurisprudencia de la Sala de Casación, sobre una resolución tomada por el propio fiscal Dall’Anese en torno a la solicitud efectuada semanas atrás de no investigar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por el presunto delito de prevaricato.
“Con base en la última resolución emitida por la Sala III, el fiscal general desestimó la denuncia (contra los magistrados) porque la doctrina dice que existiría prevaricato solamente si todas las interpretaciones legales indican que el acto realizado o la determinación tomada es contraria de derecho, pero si hay al menos una interpretación de ley positiva que concuerde con la resolución judicial, no puede ser prevaricato, por lo que en este caso podría ocurrir algo similar”, añadió Bonilla.
En ese sentido, en el caso de la investigación contra Arias, existirían al menos dos interpretaciones legales que se toman en cuenta a la hora de efectuar la declaratoria de interés público, como lo son el Código de Minería y la Ley Forestal.
Al respecto se intentó conocer la posición de Dall'Anese, pero aseguró que el Código Procesal le prohíbe dar declaraciones sobre el tema.
No obstante, tanto Arias como Dobles negaron haber emitido resoluciones contrarias a la ley o fundamentadas en hechos falsos y confían fielmente en el trabajo realizado por sus subalternos.
“Confío en Roberto Dobles y la gente que lo asesoró porque el país no ha improvisado, todo ha sido estudiado rigurosamente”, dijo Arias.
En este sentido, en Industrias Infinito, desarrolladora del proyecto de Mina Crucitas manifestaron que esta investigación es “un show”.
“Lamentamos que se utilice a la empresa para un show de semejante dimensión, que no se puede justificar desde ningún punto de vista”, afirmó Andrés Soto, vocero de la empresa.
pero los ambientalistas no están de acuerdo.
“El fiscal general se nos adelantó porque nosotros íbamos a interponer una investigación por presunto prevaricato, porque el decreto desautoriza un voto de la Sala Constitucional y es contrario a derecho, ahora Oscar Arias debe responder por lo que hizo”, aseveró Edgardo Araya, de la Asociación Norte por la Vida.
Entretanto, el tema levantó diversas reacciones en el Congreso.
Ayer por unanimidad los legisladores aprobaron una moción del Partido Acción Ciudadana (PAC) que obligará a Roberto Dobles a comparecer el próximo lunes, para que explique sobre la declaratoria de interés público.
“El Ministro deberá venir a rendir cuentas, queremos escucharlo y dependiendo de lo que nos diga presentaríamos el voto de censura y pediríamos su destitución”, advirtió Grettel Ortiz, legisladora del PAC.
Mientras, el oficialismo resguardó al presidente Arias pero avaló la comparecencia de Dobles.
“Yo no comparto la posición del Ministro de Ambiente, es pertinente que venga al Plenario y nos dé las explicaciones que le pidamos”, dijo Maureen Ballestero, diputada liberacionista.
El pasado lunes, un recurso de amparo presentado ante la Sala Constitucional frenó la construcción de tajos y la tala de árboles en la Mina Crucitas, además la Fiscalía de San Carlos abrió una investigación y una medida cautelar en contra de Industrias Infinito.
“Aunque existe un decreto que autorice la tala de árboles, consideramos que el decreto es ilegal porque viola el artículo 50 de la Constitución Política, además interpusimos una medida cautelar para impedir la tala y construcción de infraestructura en este localidad”, manifestó Alba Campos, fiscal de San Carlos.
Caso contra Oscar Arias tendría poco sustento
• Presidente negó haber emitido resoluciones contrarias a la ley o fundamentadas en hechos falsos
Natasha Cambronero y Carlos Jesús Mora
ncambronero@larepublica.net
cmorah@larepublica.net
La investigación que inició la Fiscalía en contra de Oscar Arias, presidente de la República, y Roberto Dobles, ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet) por la posible comisión de prevaricato, podría tener un sustento legal débil. Arias y Dobles firmaron un decreto ejecutivo en el cual declaran de interés público la conformación de tajos y la tala de árboles para desarrollar el proyecto de la Mina Crucitas.
Esta situación generó que el fiscal general Francisco Dall’Anese anunciara el inicio de la investigación; no obstante, esta no tendría los fundamentos legales suficientes para llegar a una acusación formal, a juicio de analistas.
La opinión de los juristas se basa en el hecho de que el decreto de interés público no aprueba la viabilidad ambiental del proyecto como tal, sino que se basa en una autorización previa efectuada en 2005, así como en otra posterior de febrero de este año por parte de la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (Setena).
Además se debe tomar en cuenta que el Area de Conservación Arenal permitió el cambio de uso de suelo en el proyecto Crucitas.
De igual forma, la declaratoria se realizó con base en el código de Minería y la Ley Forestal, según sus artículos 6 y 2 respectivamente.
“El Código de Minería dice que esta actividad es de interés nacional y la Ley Forestal que podrán declararse de interés nacional todas aquellas actividades forestales cuando el beneficio sea mayor al impacto ambiental, y en este caso pareciera que el impacto es menor”, aseguró Adrián Bonilla, abogado penalista.
Aunado a ello, se debe tomar en cuenta la propia jurisprudencia de la Sala de Casación, sobre una resolución tomada por el propio fiscal Dall’Anese en torno a la solicitud efectuada semanas atrás de no investigar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por el presunto delito de prevaricato.
“Con base en la última resolución emitida por la Sala III, el fiscal general desestimó la denuncia (contra los magistrados) porque la doctrina dice que existiría prevaricato solamente si todas las interpretaciones legales indican que el acto realizado o la determinación tomada es contraria de derecho, pero si hay al menos una interpretación de ley positiva que concuerde con la resolución judicial, no puede ser prevaricato, por lo que en este caso podría ocurrir algo similar”, añadió Bonilla.
En ese sentido, en el caso de la investigación contra Arias, existirían al menos dos interpretaciones legales que se toman en cuenta a la hora de efectuar la declaratoria de interés público, como lo son el Código de Minería y la Ley Forestal.
Al respecto se intentó conocer la posición de Dall'Anese, pero aseguró que el Código Procesal le prohíbe dar declaraciones sobre el tema.
No obstante, tanto Arias como Dobles negaron haber emitido resoluciones contrarias a la ley o fundamentadas en hechos falsos y confían fielmente en el trabajo realizado por sus subalternos.
“Confío en Roberto Dobles y la gente que lo asesoró porque el país no ha improvisado, todo ha sido estudiado rigurosamente”, dijo Arias.
En este sentido, en Industrias Infinito, desarrolladora del proyecto de Mina Crucitas manifestaron que esta investigación es “un show”.
“Lamentamos que se utilice a la empresa para un show de semejante dimensión, que no se puede justificar desde ningún punto de vista”, afirmó Andrés Soto, vocero de la empresa.
pero los ambientalistas no están de acuerdo.
“El fiscal general se nos adelantó porque nosotros íbamos a interponer una investigación por presunto prevaricato, porque el decreto desautoriza un voto de la Sala Constitucional y es contrario a derecho, ahora Oscar Arias debe responder por lo que hizo”, aseveró Edgardo Araya, de la Asociación Norte por la Vida.
Entretanto, el tema levantó diversas reacciones en el Congreso.
Ayer por unanimidad los legisladores aprobaron una moción del Partido Acción Ciudadana (PAC) que obligará a Roberto Dobles a comparecer el próximo lunes, para que explique sobre la declaratoria de interés público.
“El Ministro deberá venir a rendir cuentas, queremos escucharlo y dependiendo de lo que nos diga presentaríamos el voto de censura y pediríamos su destitución”, advirtió Grettel Ortiz, legisladora del PAC.
Mientras, el oficialismo resguardó al presidente Arias pero avaló la comparecencia de Dobles.
“Yo no comparto la posición del Ministro de Ambiente, es pertinente que venga al Plenario y nos dé las explicaciones que le pidamos”, dijo Maureen Ballestero, diputada liberacionista.
El pasado lunes, un recurso de amparo presentado ante la Sala Constitucional frenó la construcción de tajos y la tala de árboles en la Mina Crucitas, además la Fiscalía de San Carlos abrió una investigación y una medida cautelar en contra de Industrias Infinito.
“Aunque existe un decreto que autorice la tala de árboles, consideramos que el decreto es ilegal porque viola el artículo 50 de la Constitución Política, además interpusimos una medida cautelar para impedir la tala y construcción de infraestructura en este localidad”, manifestó Alba Campos, fiscal de San Carlos.
