Cambios en Ley de Tránsito en punto muerto
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Ni en el Congreso ni en la Presidencia se perciben iniciativas por enmendar los yerros que saltaron a la vista la semana anterior
Cambios en Ley de Tránsito en punto muerto

• Bancadas legislativas discrepan sobre cómo corregir artículos viciados

Carlos Jesús Mora
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Los reclamos y las culpabilidades siguen floreciendo pero por ningún lado se percibe al menos una iniciativa, propuesta o solución.
A pesar de haber aprobado una legislación con artículos que presuntamente rozan con la Constitución Política, con penas desproporcionadas y ajenas a la realidad nacional, los diputados no hacen por donde iniciar a enmendar al texto de la Ley de Tránsito.

De la comisión interinstitucional que se habló la semana anterior para analizar las reformas a implementar no se percibe el mínimo avance, incluso podría hasta haber sido solo una sugerencia.
Los artículos en la Ley de Tránsito que abordan la problemática de licor, drogas y alta velocidad representan apenas un 4% de la ley y el 96% restante son artículos referentes a una serie de normativas que para varios sectores podrían aplicarse a países de primer mundo y no en Costa Rica, que posee una infraestructura vial de tercer mundo.
“Conducir un vehículo en nuestro país es una proeza si se toma en cuenta que debe utilizarse una infraestructura vial destrozada, sin iluminación ni señalización adecuada y con un cuerpo policial carente de insumos elementales para cumplir eficientemente su función”, dijo Luis Antonio Barrantes, jefe de fracción del Movimiento Libertario.
Los primeros desperfectos en esta nueva legislación corresponden a presuntos roces con los artículos 39 y 41 de la Constitución Política, los cuales consagran el “principio de tipicidad, legalidad, así como el de reserva de ley”, según la consulta que se envió a los magistrados de la Sala IV.
Las aparentes ambigüedades fueron señaladas el pasado jueves por David Hernández, juez del Tribunal de Flagrancia durante el primer juicio por conducción temeraria contra una mujer de apellidos Acuña Aguilar.
El juez Hernández se refirió principalmente al artículo 244 bis del Código Penal, y los artículos 1° y 199 de la Ley de Tránsito.
Precisamente, el 244 bis es el que se refiere a la conducción temeraria y en el que el Ministerio Público se basó para desarrollar la acusación contra Acuña. Este sanciona con prisión de uno a tres años a las person
as que incurran en tal falta.
La legislación
no explica qué tipo de vehículo debe conducir la persona para ser sancionada o en qué lugar, por lo que el día del juicio no hubo un veredicto, a la espera de que la Sala IV se pronuncie, resaltó Hernández.
“Veremos cuál es la respuesta de los magistrados, esta ley ha sido eficaz, lo vimos en las fiestas de fin de año y ahora en Palmares, si hay que hacerle arreglos se los haremos, como a cualquier otra legislación, que los libertarios no vengan ahora a señalar y acusar al resto de diputados, si hubieran colaborado en vez de obstruir quizá la realidad hoy sería otra” dijo Lorena Vásquez, jefa de fracción de la Unidad Social Cristiana.
Por su parte el oficialismo trata de minimizar los roces con la Constitución y asegura que todo se debe a “errores en el articulado” de la ley en la comisión, pero también achacan responsabilidades a jueces y magistrados que participaron en la elaboración de la ley.
“Hay una posición renuente de los jueces de la República y una buena parte de los magistrados de poner sanciones más drásticas, que no quieren que haya más reformas penales, la mayoría de jueces solo quieren ser circulantes, es decir no tener muchos expedientes para parecer que tienen un muy buen rendimiento”, dijo Jorge Méndez, diputado de Liberación Nacional.
A pesar de que los legisladores del oficialismo han defendido la nueva ley a capa y espada, el propio presidente Oscar Arias manifestó tras entrar en vigencia que la legislación contenía errores importantes, los cuáles debían ser aclarados.
Aún así, hasta ahora el Gobierno tampoco ha realizado una propuesta formal para enmendar la normativa.
Mientras los magistrados de la Sala IV resuelve, los oficiales de Tránsito continúan aplicando la reglamentación, con lo cual prácticamente trasladan la responsabilidad jurídica al Poder Judicial.

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