Caja denuncia a Saprissa

Caja denuncia a Saprissa

Lo acusa de desobedecer la orden que le impedía ejercer su actividad comercial

Cristian Williams

cwilliams@larepublica.net

La problemática entre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Deportivo Saprissa tuvo ayer un nuevo episodio, cuando el ente gubernamental presentó una demanda contra el equipo morado ante el Ministerio Público por el delito de desacato, tras jugar los saprissistas el domingo anterior ante Cartaginés, en el Fello Meza.

La acción se llevó a cabo en horas de la mañana, cuando Ana Patricia Alcázar, directora de Cobros de la CCSS, acudió a la Fiscalía adjunta del Segundo Circuito Judicial, en Goicoechea.

Para los personeros de la Caja, además del cierre del estadio por cinco días, Saprissa estaba inhabilitado para desarrollar cualquier actividad comercial, y consideran que el partido que perdieron en Cartago lo fue.

Según expresó Ana Patricia Alcázar, lo que presentaron fue una denuncia por los hechos probados y divulgados en los medios de comunicación de que hubo desobediencia por parte de los morados, lo que se adjuntó al expediente que se encuentra en los tribunales.

“Eso establece el artículo 24 del reglamento de cierre de negocios que estipula que no se puede ejercer su actividad, en este caso la futbolística. Eso no los inhibe de entrenar, pero sí de jugar públicamente”, aseguró Alcázar.

Los morados jugaron el domingo a las 11 a.m. en el estadio Fello Meza ante el Cartaginés en juego que perdieron por 2-1. El Cartaginés no tiene ningún inconveniente por haber jugado.

Alcázar dijo que el proceder de la Caja se basó en toda la prueba que lograron recopilar y que ahora queda en manos del Ministerio Público determinar quiénes fueron los responsables de que Saprissa incumpliera.

El abogado del Saprissa, Jorge González, respondió que no hay demanda contra la institución en sí, sino contra personas físicas como él o el gerente deportivo Víctor Badilla, pero eso lo determinará luego la Fiscalía.

El trámite judicial podría resolverse en un año, más o menos, y en caso de condena, los responsables se expondrían a castigos de hasta tres años de prisión.

“La Fiscalía si considera que hay asidero para darle curso a la denuncia citará a la persona que considere pertinente”, confirmó González, quien explicó que en el ámbito penal no hay demandas contra la propia institución, sino habrá una demanda contra personas físicas.

El abogado penalista Rodrigo Araya dijo en Monumental que el proceso podría tardar aproximadamente nueve meses o un año y medio, e incluye penas de prisión en caso de determinarse la culpabilidad. “Hay una pena de prisión de hasta tres años”.

La semana anterior la CCSS cerró por cinco días el estadio Ricardo Saprissa por la deuda que tienen los morados con la institución, lo que ocasionó que se no realizará el juego entre los morados y alajuelenses, programado para el miércoles 28 de octubre.

Para la Caja lo adeudado por Saprissa corresponde a una planilla adicional facturada en junio de 2006, por omisiones y diferencias salariales del periodo de octubre de 1999 a agosto de, 2004 por un monto de ¢706.226.735 más costas, cuota especial de julio 2009 y cuotas de arreglo de pago de agosto, setiembre y octubre 2009, por un monto de ¢14.017.275.

Puntarenas también

En octubre del 2008 la Caja le ordenó a la Municipalidad de Puntarenas que no le permitiese a Puntarenas FC hacer uso del estadio Lito Pérez, justamente cuando los porteños debían enfrentar a Saprissa.

Puntarenas no se quedó de manos cruzadas y programó su siguiente compromiso en el estadio de Jacó, burlando el impedimento de jugar.

Los personeros de la Caja anunciaron que los denunciarían por desacato y también a la Municipalidad de Garabito, por haberles facilitado el inmueble.

“Tengo conocimiento de que se hizo la denuncia contra el representante de Puntarenas, que era el señor Adrián Castro, pero al haber muerto él, la denuncia se desestima. No sé si se hizo algo contra la Municipalidad de Garabito, no conozco bien el tema, el fondo de hasta donde llegó”, dijo Alcázar.

Por otra parte Alcázar afirmó que en el caso de Saprissa ya hay una resolución del juzgado especializado de cobros que les ordena a los morados a pagar. Esta se dio a mediados de este año.

“El proceso ejecutivo simple ya lo tenemos ganado, ellos lo que discuten es el fondo del origen de esta planilla adicional y lo tienen en el Juzgado de Trabajo”, amplió Alcázar.