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Una eficiente colaboración de autoridades de policía y migración, entre otras medidas, puede bajar el incremento de los gastos del Estado por reclusos extranjeros

Buscar salidas a problema carcelario

Aunque las necesidades son muchas y el dinero no alcanza para cubrirlas, Costa Rica debe gastar más de $148 millones anuales para el mantenimiento de más de 10 mil presidiarios.
Esta cifra significa además una situación de hacinamiento porque la población carcelaria superó en unos 2 mil espacios la capacidad que tienen las instalaciones, como lo informó una publicación de este medio el viernes anterior. El aumento de la delincuencia permite prever también que la situación empeorará. No se trata de que nuestros centros penales tengan espacios libres porque los delincuentes se encuentran en las calles cometiendo más crímenes.
Por otra parte, de ese total de reclusos 1.600 son extranjeros y entre ellos más de la mitad proceden de Nicaragua. Es decir que la manutención anual de estos forasteros recluidos en nuestras cárceles le cuesta a Costa Rica más de $22 millones anuales.
Sin duda pareciera que se deben buscar fórmulas para que esta situación mejore y ello no consiste únicamente en la construcción de mayor infraestructura carcelaria y mayores presupuestos destinados a ellas. Además de esto, deberán surgir otras salidas al problema de los extranjeros que cometen delitos en territorio nacional y luego se convierten en carga para el Estado.
Una de las medidas podría ser una mayor y adecuada coordinación entre las autoridades policiales y la Dirección General de Migración, para que no se les mantenga el estatus migratorio que pueden tener muchos extranjeros aquí a pesar de haber cometido delitos. Deberían aumentarse y ajustarse controles en este sentido y esto no requiere mayor incremento en el presupuesto.
La permanencia en territorio nacional de extranjeros, tan beneficiosa en muchos casos, debe regularse mediante un sistema que garantice en mayor medida la detección de quienes, por el contrario, vienen a cometer delitos, para que estos no puedan continuar en el país. Muchos de ellos, como se sabe, lo hacen en colaboración con delincuentes nacionales.
Una adecuada y eficiente colaboración de las autoridades de policía y las de migración puede mejorar esta difícil situación que no solo conduce al hacinamiento actual de nuestras cárceles sino que aumenta el volumen de gastos anuales del Estado.

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