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Burocracia impide colocación de deuda municipal

Juan Pablo Arias
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La emisión de bonos constituye una fuente de financiamiento al que las municipalidades pueden optar según el artículo 87 Código Municipal; incluso la norma autoriza a las demás entidades públicas a invertir en dichos bonos.
No obstante, este mecanismo no es el principal método de financiamiento de los ayuntamientos costarricenses, primordialmente por la poca capacidad de algunas municipalidades a nivel administrativo.
“El tema controversial radica en medir la capacidad financiera del gobierno local para asumir tales compromisos, lo cual supone que para acceder a esa fuente de recursos se requerirían municipalidades con estructuras administrativas eficientes y modernas; esto, lamentablemente, no constituye una regla a nivel nacional”, manifestó Ericka Linares, presidenta ejecutiva del IFAM.
Es decir, desde el punto de vista jurídico resulta viable la emisión de bonos, pero para atender los compromisos derivados de esta, tomando en cuenta la capacidad administrativa/financiera, no todas la municipalidades la tienen.
Pese a que algunos ayuntamientos, como el de San José y el de Cartago, preparan una emisión de estos instrumentos, en el IFAM no se ha analizado el impulso a la figura como tal, o la posibilidad de hacerlo entre varios.
“Creo que las disparidades entre unos y otros, constituirían el principal obstáculo para ello. Los esfuerzos para utilizar esta herramienta, han correspondido a iniciativas particulares de las municipalidades”, consideró Linares.
La municipalidad que emita bonos debe tener la solvencia administrativa y financiera para hacerles frente. Para la jerarca ningún inversionista se atrevería a adquirir bonos, si no existe el respaldo suficiente y no se genera la confianza para hacerlo.
“La primera preocupación que deberían atender las municipalidades antes de recurrir a la emisión de bonos, debe consistir en la modernización de su gestión administrativa”, comentó. Debe tenerse en cuenta además, que toda emisión de bonos por parte de cualquier municipalidad, debe estar sujeta a las reglas de la Superintendencia General de Valores.
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