Burocracia e ineficiencia
Randall Madriz redaccion@larepublica.net | Lunes 16 mayo, 2016
El más relevante de esos males es la ineficiencia de la burocracia gubernamental.
Así, resulta una contradicción ver como la burocracia se alimenta de los impuestos, los cuales se calculan sobre las ganancias de los negocios del sector privado que esa misma burocracia estorba.
Hoy día, vemos como el Gobierno y la oposición discuten esfuerzos estériles de contención de gasto público ignorando que el germen del mal se incuba dentro de la misma burocracia que se niegan a tocar.
Este mal es la ineficiencia, la cual se lograría combatir estableciendo métodos que permitan identificarla y castigarla.
En ese sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) indicó en su estudio económico de Costa Rica, publicado en febrero de este año, que el sistema de remuneración del sector público no es transparente en cuanto a los métodos para medir los resultados de los burócratas.
Por el contrario, los aumentos salariales y las remuneraciones adicionales no se vinculan a ningún tipo de evaluación sino al tiempo de servicio.
El tamaño de la burocracia, los beneficios de los que esta disfruta y la inamovilidad de sus miembros son la consecuencia de flojas decisiones legislativas y gubernamentales. Aquello que los sindicalistas llaman
“conquistas sociales” no son otra cosa que concesiones fruto de presiones derivadas de huelgas.
Desgraciadamente, en algún punto, se perdió el rumbo. Se perdió el sentido del servidor público.
Con independencia de la posición política que se tenga y del papel del Estado dentro del modelo económico que cada uno considere adecuado, es innegable, que la burocracia es necesaria. Pero es necesaria aquella que colabore, que vea en el sector privado el motor generador de progreso y riqueza que es necesaria para satisfacer, no solo el crecimiento razonable de la burocracia, sino la construcción de obras públicas.
Eso nos lleva al segundo mal indicado en el informe del Foro Económico Mundial: la inadecuada infraestructura.
En este punto, los responsables del Ministerio de Hacienda han reiterado que los salarios y pensiones, así como las transferencias del Estado (que no son otra cosa sino dinero enviado a entidades que no forman parte del Gobierno central el cual se gasta en salarios), comprometen el presupuesto de la República a tal punto, que la inversión en obra pública es mínima.
Lo que debe entender el Gobierno así como los partidos de oposición es que urge una reforma a las leyes que regulan la relación patrono-empleado dentro del Estado y sus instituciones.
Urge establecer métodos de medición de desempeño y castigar la ineficiencia con el despido en caso de que sea necesario.
Solo así se logrará la eficiencia de la burocracia y se limpiará la misma de aquellos elementos que enturbian la labor honesta de muchos otros funcionarios que sí desean el progreso de la patria.
De paso, ello apoyará el esfuerzo de la racionalización del gasto salarial en el sector público, que es tan importante para la estabilidad financiera del país.
Randall Madriz
Abogado Tributario
randall.madriz@pachecocoto.com
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