Burocracia atenta contra nuestras calles
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Un tribunal dedicado a resolver conflictos relacionados con la contratación pública y obligar a un depósito de garantía a quienes apelen una contratación, ayudaría a eliminar gran parte de los obstáculos que interfieren con las obras viales.
También será necesario planificar los proyectos de tal manera que solo se adjudiquen cuando se haya ejecutado toda la etapa previa, incluidas las expropiaciones y los permisos ambientales, con el fin de que la empresa constructora no sufra atrasos.
En este momento, obras que podrían tardar pocos años en construirse pueden retrasarse hasta décadas, debido a la mala planificación de las instituciones encargadas, se agrega a la negligencia del personal encargado de los trámites, los plazos amplios de resolución, y el derecho de las empresas de apelar las adjudicaciones.
El ejemplo de este perjuicio es la carretera de Circunvalación Norte, que todavía está a la espera del permiso ambiental, tampoco el gobierno ha logrado completar las expropiaciones, pese a que se trata de un proyecto diseñado durante la década de los 70.
Hace más de un año, la construcción de la obra fue adjudicada al consorcio H. Solís – La Estrella, que podría cobrar costos adicionales por los atrasos en la orden de inicio.
Una situación similar podría optar la empresa Meco, que debió finalizar la semana pasada el paso a desnivel en Paso Ancho, y que se encuentra a la mitad de la obra por falta de una expropiación.
Solo para carreteras, existen $1.800 millones en préstamos, de los cuales apenas se ha ejecutado un 15%.

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