Buenas intenciones, mal resultado: autopsia del plan cementero

El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, o —en el caso Costa Rica— con cemento chino.

El camino en esta ocasión, comienza con el deseo del mandatario Luis Guillermo Solís de ayudar a los desfavorecidos.

Termina con un gran daño a él y a su partido, el PAC.

Más importante aún, el tema del cemento chino expone a Costa Rica como un país incapaz de desarrollar un plan que sea bienintencionado y viable a la vez.

En lo que se refiere a los desfavorecidos, ellos siempre han estado en el corazón de la presidencia de Solís.

Ampliar un fondo estatal para pequeños empresarios, crear incentivos para que las empresas contraten a jóvenes y mujeres, levantar una bandera del arcoíris sobre el palacio presidencial en su primer día de oficina...

En este contexto, Solís debe haber pensado que encontró una oportunidad perfecta para ayudar a los pobres, al eliminar en 2015 las restricciones al cemento importado.

Las personas pobres por cierto necesitan vivienda.

Las casas están parcialmente construidas con el cemento, que debe ser costoso, ya que el mercado local es dominado por dos multinacionales, la mexicana Cemex y la suiza Holcim.

Con base en esos supuestos, el deseo de Solís de favorecer la competencia fue probablemente bienintencionado.

Desafortunadamente, cuando las buenas intenciones entran en conflicto con la realidad, el camino se vuelve rocoso.

En primer lugar, el proyecto encontró una colina empinada —el costo del transporte desde China, seguido por una serie de obstáculos en forma de requisito para las repetidas revisiones de calidad— y una barrera final en la reticencia del mercado local a comprar una marca desconocida a una filial del empresario Juan Carlos Bolaños, una empresa con poca o ninguna experiencia en la provisión de cemento.

Con ello, el camino se desvió hacia un banco estatal —el Costa Rica— que se vio presionado a prestar dinero a un proyecto en dificultades, incluso si el préstamo no estaba justificado por un análisis convencional de riesgo del INS.

Estos y otros problemas podrían haberse evitado, si Solís y su administración se hubieran tomado la molestia de ver cómo funciona el negocio fuera de las fronteras de Costa Rica.

En América Latina, el cemento importado representa no más del 1% del consumo total en ningún país, tal como se mostró en un análisis publicado el 5 de setiembre en LA REPÚBLICA.

Las cifras son ínfimas además en el resto del mundo.

Tampoco es cierto que el cemento costarricense cueste más que el de otros países centroamericanos, según una investigación realizada en 2014 por LA REPÚBLICA, en que el precio era mayor tanto en Guatemala como en Nicaragua y Panamá.

El camino también llevó con regularidad a Juan Carlos Bolaños a la oficina de Solís, posiblemente con el único propósito de reunir a los impulsores del plan de cemento, para rescatarlo ante los sucesos imprevistos.

Esas reuniones crearon una oportunidad de oro para otros movimientos políticos de satanizar a Solís y su Partido Acción Ciudadana, en vísperas de la campaña electoral.

Pero esto es un infierno privado para ellos.

Peor aún - y eso sin tomar en cuenta la posibilidad de los chorizos - el escándalo refuerza la percepción de Costa Rica como un país incapaz de llevar a cabo un plan, que no sólo es bien intencionado, sino también práctico.