No corresponde al estado regular las actividades comerciales a fin que sean exitosas; esa decisión es de cada uno
 

Trotando Mundos

Bloqueos, de carretera y mentales

Antes de entrar en algunas consideraciones importantes que pongan este tema en la perspectiva correcta, queremos afirmar que nos oponemos rotundamente a que se remueva la cárcel como sanción para quien cometa delitos en el ejercicio del derecho de protesta.
Ni ese derecho, ni ningún otro, apodera a las personas para violar la ley o causar daños. Bloquear las carreteras trae serios daños a la población, a la cual se le priva a su vez de su derecho a la libre circulación (tu derecho termina adonde comienza el mío). Eso lo convierte en un delito punible.
Si bien es cierto que estamos muy molestos con los recientes bloqueos (como lo estuvimos con los de los taxis rojos en su oportunidad), nos preocupa que el Gobierno pudiera estar cometiendo una injusticia cuando, tras autorizar un número de seetaxis a circular, ahora se brinca lo que hubieren invertido esos ciudadanos para poner sus vehículos en condiciones de prestar el servicio, al comunicarles que reducirá los permisos a una tercera parte de los mismos. Que se coman el resto de los carros.
Pero el fondo de este asunto no está en eso. La pregunta cardinal es con que criterio limitan el número de placas de taxis o vehículos de servicio público a tantos o cuántos? Siendo una actividad comercial como cualquier otra, debería de ser del libre ejercicio de quien pueda adquirir un vehículo con las condiciones idóneas y cumplir con los requisitos para desempeñar ese trabajo.
Aunque no es nuestra especialidad jurídica, esa limitación nos parece inconstitucional. ¿Qué sigue, limitar el número de abogados (no estaría mal mientras no seamos de los limitados) o de doctores que pueden ejercer su profesión? ¿Reducir el número de ingenieros civiles que pueden servir como tales? ¿No más restaurantes porque solo debe de haber un número limitado para que el negocio sea rentable?
El negocio de los taxis, una fuente de corrupción a la hora de la concesión de placas, es como cualquier otro. Hay que cumplir con ciertas normas, incluidos los seguros de ley, y punto. ¿Qué es eso de limitar el número que circula? ¿Será acaso porque sí liberamos el número no sería buen negocio? Nadie, por lo menos hasta ahora, ha querido limitar el número de abogados, médicos o ingenieros civiles que ejercen simplemente porque haya muchos haciéndolo. No corresponde al estado regular las actividades comerciales a fin que sean exitosas; esa decisión es de cada uno. Determinar si se mete o no en tal o cual negocio es una decisión personalísima en la que el Estado no debería inmiscuirse.
Acabar con el anacronismo de placas de taxi o permisos de seetaxis limitados a unos cuantos privilegiados cerraría las puertas a los corruptos y haría que la libre competencia obligue a los suplidores a ofrecer un buen servicio. Que se regule e inspeccione la flotilla nacional y su operación, pero sin limitar su número. Eso y no otra cosa sería lo justo.

Humberto Pacheco A.
vikocr@racsa.co.cr

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