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"¿Y qué pasa con el presidente electo si explota una bomba durante la toma de posesión?"
Esta pregunta, según contó el diario The New York Times, se la formuló en enero de 2009 Hillary Clinton a Condoleezza Rice, que entonces ocupaba el cargo de jefa de la diplomacia estadounidense.
Esta escena en la Casa Blanca pocas horas antes de que Barack Obama tomara posesión de su cargo como presidente, es un reflejo del trabajo de colaboración que había entre el gobierno saliente de George W. Bush y el entrante, y de las amenazas a la seguridad nacional que ambos tenían presentes.
Ahora parece improbable que una reunión como esta pueda darse entre el equipo del presidente electo Joe Biden, y el de Donald Trump, que se niega a reconocer el triunfo de su rival en las elecciones del pasado 3 de noviembre.
Tradicionalmente en EE.UU. los traspasos de poder entre administraciones suelen ser amistosos, pero incluso en esos casos resulta un proceso complejo.
Mucho más en este contexto actual en el que el presidente saliente no reconoce al entrante.
"Más gente puede morir si no nos coordinamos", dijo este lunes Biden sobre la crisis de salud que enfrenta el país por el coronavirus y la negativa a cooperar de la Casa Blanca con el equipo que el presidente electo ha creado para encarar la pandemia.
Además, el trabajo conjunto en el Congreso entre demócratas y republicanos resulta urgente para la aprobación de un paquete de ayudas, sobre todo ante la posibilidad de un cierre parcial de la economía si sigue empeorando la situación creada por la covid-19.
Hasta este lunes, Biden, quien es buen conocedor de la Casa Blanca y de los mecanismos de gobierno tras sus ocho años como vicepresidente de Obama, había restado trascendencia a la falta de trabajo conjunto.
Pero el tiempo pasa y las urgencias se acumulan. Y aunque la pandemia es el principal problema, no es el único.
"Cada día que pasa, la falta de acceso a operaciones clasificadas pone en riesgo los intereses del pueblo estadounidense en términos de seguridad nacional", alertó la pasada semana Yohannes Abraham, del equipo de transición de Biden.
La mayoría de políticos republicanos guardan silencio o respaldan que Trump cuestione el resultado electoral por un supuesto fraude del que no hay evidencias.
Pero algunos como el senador Chuck Grassley ya han dicho en público que Biden debería recibir los informes clasificados de inteligencia de parte del gobierno de Trump.
Cada día el presidente recibe un reporte con la última información de las agencias de inteligencia que tradicionalmente el mandatario saliente autoriza a compartir con el electo.
Luego está la información clasificada, a la que el equipo de transición suele tener acceso.
Para que la CIA la comparta, la ley dice que Trump debe reconocer a Biden como presidente.
Ese reconocimiento se hace a través de la Administración General de Servicios (GSA por sus siglas en inglés), una agencia gubernamental de bajo perfil encargada de la burocracia federal que debe certificar a Biden como ganador.
Suele ser una mera formalidad, pero de momento la GSA no lo ha hecho, por lo que no sólo le niega a Biden el acceso a información clasificada, sino también a recursos económicos.
La GSA está dirigida por Emily W. Murphy, quien fue nombrada por Trump.
Robert O'Brien, consejero de seguridad interna encargado de coordinar todos los asuntos de seguridad con la Casa Blanca, prometió este lunes una transición amable que de momento está dándose.
"Siempre hubo transiciones pacíficas y exitosas, incluso en los momentos más conflictivos", dijo en un foro de seguridad global.
"Si se determina que Biden y (Kamala) Harris ganaron, y obviamente las cosas parecen así, tendremos una transición muy profesional por parte del Consejo de Seguridad Nacional, sin duda", dijo en un tono tranquilizador.
La fricción actual entre el gobierno saliente y el entrante recuerda a la del año 2000, cuando el ajustado triunfo de George W. Bush sobre Al Gore se definió casi 40 días después de las elecciones.
Y ese retraso y luego una transición acelerada entres las administraciones de Bill Clinton y Bush fueron factores que pudieron influir en los atentados del 11 de septiembre de 2001.
"La transición tardía del presidente Clinton a George W. Bush provocó un falla en la preparación de la seguridad nacional", se lee en el informe de la comisión del Congreso que analizó las circunstancias de los ataques del 11 de septiembre de 2001, que dejaron casi 3.000 muertos en suelo estadounidense.
El retardo "impidió al nuevo gobierno identificar, reclutar, aprobar y obtener la confirmación del Senado para personas clave" en el área de seguridad, dijo la comisión, que advirtió de que evitar futuros trastornos en el cambio de poder era un asunto de profundo interés nacional.
"La comisión dijo que si hubiera habido una transición más prolongada y hubiera habido cooperación, podría haber habido una mejor respuesta o quizás incluso haber evitado el ataque", recordó hace unos días Andy Card, exjefe de gabinete de Bush, en la cadena CNBC.
"Esto es muy serio", aseguró, pidiendo a Trump que facilite el cambio de mando.
Card fue el hombre que le dio a Bush la primera noticia de lo que estaba pasando aquel 11 de septiembre. "Estados Unidos está siendo atacado", le susurró al presidente, como se registró en esta imagen de aquel día.
"Nuestros adversarios buscan sacar ventaja de Estados Unidos durante las transiciones. No podemos dejar que eso suceda", insistió Card en el diario The Washington Post.
"Cuanto más dure (la parálisis), mayor es el peligro de que pueda haber consecuencias reales, ya que el nuevo equipo de seguridad puede enfrentarse a situaciones para las que no está preparado", asegura Gordon Corera, corresponsal de Seguridad de la BBC.
"Hay un riesgo de que otros países busquen sacar ventaja de este periodo de incertidumbre, por ejemplo Irán, que puede querer vengarse del asesinato del general Qasem Soleimani en enero", agrega.
El demócrata Roger Krishnamoorthi, que forma parte del comité de seguridad del Congreso, aumenta el número de posibles amenazas al hablar de "70 grupos terroristas que tienen como objetivo Estados Unidos", además de citar a "iraníes, chinos, norcoreanos e incluso rusos".
"Todos están buscando oportunidades para explotar nuestras debilidades", dijo en diálogo con la cadena pública de radio NPR.
También hay preocupación por las decisiones que Trump pueda tomar en las últimas semanas de su mandato.
El mandatario sustituyó la pasada semana al secretario de Defensa, Mark Esper, y podría hacer lo mismo con la directora de la CIA, Gina Haspel.
Tampoco Chris Wray, director del FBI, tiene el puesto seguro.
El gobierno de Trump anunció este martes la retirada de 2.500 soldados en Irak y Afganistán, algo que en este momento algunos altos mandos de la seguridad no comparten porque entraña riesgos.
Este martes Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN (Organización para el Tratado del Atlántico Norte), alertó de que sacar las tropas "demasiado pronto" puede llegar a costar "un alto precio".
Y tampoco el secretario Esper estaba de acuerdo. Pero en su sustitución y en las futuras puede haber algo más.
"La comunidad encargada de la seguridad nacional siempre estuvo en el punto de mira del presidente Trump, ya que la acusa de ser parte del Estado profundo y de conspirar contra él", afirma Corera.
En los últimos meses, señala el periodista de la BBC, el presidente ha tratado de que se desclasifique información que niegue la interferencia rusa en las elecciones de 2016. Trump cree que de cierta forma deslegitimó su triunfo y su presidencia.
Y tampoco está satisfecho con el hecho de que no se investigara a Hunter Biden, hijo de su rival, sobre sus negocios en el extranjero.
Además de los posibles despidos, están los nuevos nombramientos.
Según Corera, "hay preocupación por que el equipo de Trump pueda estar tratando de meter personas en el sistema de seguridad nacional que puedan seguir teniendo un rol después del 20 de enero", cuando acabe el mandato del actual presidente.
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