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El Banco Central de Costa Rica (BCCR) aclaró este martes que las modificaciones que entrarán en vigencia a partir del 1.º de setiembre de 2025 en el uso de Sinpe Móvil no corresponden a la creación de nuevos impuestos, sino a ajustes en el sistema de facturación electrónica.
“Lo que sí cambiará es la forma en la que las entidades comerciales deben informar sobre los métodos de pago en sus comprobantes electrónicos. Con la entrada en vigor de la versión 4.4 del sistema de facturación electrónica, se incorporará un nuevo código específico para identificar pagos realizados mediante SINPE Móvil", dijo el Banco Central.
El objetivo de la medida es mejorar la trazabilidad fiscal y asegurar que las transacciones comerciales cuenten con el debido respaldo en los comprobantes electrónicos, sin importar el medio de pago utilizado.
El BCCR recalcó que “este ajuste no representa un nuevo impuesto, ni implica que las transferencias por SINPE Móvil serán gravadas”, en respuesta a rumores que circularon en los últimos días.
La medida se enmarca en los esfuerzos del Ministerio de Hacienda por combatir la evasión fiscal y regular el uso de cuentas personales con fines comerciales.
A partir de setiembre, comercios y profesionales independientes que reciban pagos por Sinpe Móvil deberán ser más cuidadosos en el manejo de sus cuentas, ya que la Administración Tributaria podrá aplicar sanciones en caso de incumplimiento.
Entre los riesgos se encuentra el cobro retroactivo del IVA y del Impuesto sobre la Renta, así como multas que alcanzan hasta un 150% del monto dejado de pagar.
En 2024, a través de Sinpe Móvil se movieron más de ¢10 billones, lo que ha motivado a Hacienda a reforzar los controles. Incluso, la institución solicitó al Banco Central la identificación de usuarios que reciban más de 100 transferencias mensuales, con el fin de detectar actividades comerciales que no estén respaldadas por facturación electrónica.
La intención es frenar el uso indebido de cuentas personales para recibir pagos de clientes sin declararlos, práctica que constituye evasión y que podría derivar en multas millonarias e, incluso, procesos penales.
