Banca nicaragüense preocupada

Banca nicaragüense preocupada

Managua

EFE

La Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp) y las dos principales cámaras empresariales del país advirtieron ayer de “serios daños” en la economía si no se honra el pago de los bonos conocidos como Certificados Negociables de Inversión (Cenis).

“Estas decisiones provocan serios daños a la institucionalidad, al estado de derecho y a la estabilidad económica del país y sus ciudadanos”, aseguró Asobanp en un comunicado, suscrito también por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la Cámara de Comercio Americana-Nicaragüense (Amcham, por sus siglas en inglés).

Las tres asociaciones privadas se refieren a una resolución del juez quinto de lo penal de audiencia de Managua, Julio César Arias, que ordenó al Banco Central de Nicaragua y al Ministerio de Hacienda suspender el pago de los Cenis, que son títulos valores, a favor de bancos privados, con base en una solicitud de la Fiscalía General.

El fiscal especial Armando Juárez solicitó a ese juez suspender el pago, honra y obligación de los Cenis por parte del Estado, hasta que concluyan las investigaciones sobre ese escándalo financiero.

La emisión de estos instrumentos de deuda interior ocurrió durante el Gobierno del presidente Arnoldo Alemán (1997-2002) y dejó al Estado una deuda de entre $350 millones y $400 millones.

Los bonos fueron emitidos entre 2000 y 2002 para salvar al sistema financiero de un pánico, tras la quiebra de cinco bancos: el Banco Sur, Intercontinental Bank (Interbank), Banco Mercantil (Bamer), Banco del Café (Bancafé) y Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic).

Las instituciones que adquirieron los CENIS fueron el Banco de Finanzas (BDF), el Banco de la Producción (Banpro) y el Banco Centroamericano (Bancentro), según auditorías efectuadas por la Contraloría General de la República (fiscalía de cuentas).

La Fiscalía investiga quiénes se beneficiaron de las carteras y activos de los bancos quebrados.

Las asociaciones privadas advierten que estas acciones “aumentan la inseguridad jurídica que vive el país y afectan la imagen de Nicaragua, limitando seriamente la inversión privada interna y externa”.

Además, deterioran la calificación de riesgo país, restringen la oferta de crédito o la encarecen, provocan un aumento en la tasa de los préstamos, afectan negativamente la producción y el crecimiento económico.

Asimismo, afectan la credibilidad del Estado, dificultan la colocación de deuda por parte del Banco Central de Nicaragua (BCN), reduce la capacidad del Gobierno de honrar sus obligaciones mediante la emisión y colocación de títulos valores y disloca la capacidad del BCN para combatir la inflación.

La banca privada y las dos cámaras consideran que estas acciones “tomadas en forma injustificada solamente causan perjuicios al país, por lo que instamos a nuestras autoridades a la reflexión acerca de la gravedad de estos eventos, para evitar que en el futuro se presenten situaciones similares”.

Las asociaciones pidieron a las autoridades tomar en cuenta las repercusiones que conlleva el no honrar sus obligaciones de pago.

El BCN pidió al juez de Managua, el viernes pasado, declare nulo ese fallo que ordena suspender el pago de los CENIS, sin respuesta aún.

Ese mismo día el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, confirmó que su Gobierno va a pagar y honrar la deuda originada por los Cenis, pero que ese compromiso tiene que ser renegociado con los banqueros.

En el presupuesto de este año figura una partida por más de 400 millones de córdobas (unos $21 millones) para el pago de los Cenis.