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Con un Congreso multipartidista, quizás hubiera sido buena estrategia del Ejecutivo a la hora de enviar a la Asamblea los proyectos para disminuir o equilibrar el déficit fiscal, una muestra contundente de decisión política para bajar ciertos rubros


Bajar el déficit: urgente y complicado

Algunas acciones pueden ser realizadas por el Ejecutivo, para bajar el gasto público. De hecho eso se está haciendo en alguna medida.
El resto, es de resorte de la Asamblea Legislativa y ahí, al no haberse modificado su Reglamento, los legisladores pueden usarlo para oponerse a lo que no deseen que se apruebe, como es tradicional ya hacerlo.
Con un Congreso multipartidista como el que tenemos, quizás hubiera sido buena estrategia del Ejecutivo a la hora de enviar a la Asamblea los proyectos correspondientes para disminuir o equilibrar el déficit fiscal, una muestra contundente de decisión política para bajar ciertos rubros.
Es decir, enviar primero las propuestas destinadas a bajar el gasto público (cuyo peso principal son las planillas con sus múltiples pluses incorporados) y posteriormente los que buscan más impuestos. O, al menos, enviar ambos simultáneamente.
Esto podría haber comprometido más a las fracciones parlamentarias a aprobar más impuestos.
Está bien, por ejemplo, que todo vaya a la Caja Única para contar con aquello que las instituciones han sido incapaces de ejecutar y para que mermen las transferencias. Eso puede resolverlo el Ejecutivo y puede funcionar si no entran en juego los amiguismos.
No así otros temas que podrían entrar a la Asamblea Legislativa y estancarse ahí por no haber dado aquel suficientes muestras de voluntad para bajar el gasto mediante proyectos de ley que signifiquen una merma permanente, como por ejemplo, disminuir el monto de lo que es la mayor carga: el pago de las planillas.
Proyectos que asegurarían una baja permanente en el déficit, como la eliminación, en su mayor parte, de la dedicación exclusiva en las planillas públicas, entre otras.
Modificar la práctica de pago de anualidades a todos los funcionarios públicos, siendo que el espíritu de este plus es únicamente premiar la labor de algunos de aquellos, si su labor se ha medido y definido como un superior rendimiento, durante un año.
Cerrar entidades que realizan las mismas funciones puede significar la posibilidad de hacer traslados horizontales para que trabajadores que salgan de un sitio vayan a otros donde se necesitan más plazas. Esto para no causar despidos masivos que traigan mayor desempleo.
Un aporte no solo grande sino innegable es una mejor recaudación —que aliviaría también la situación de competencia desleal entre los que evaden y los que cumplen— y un control del contrabando que desangra desde hace décadas el erario público.

 

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