Avances en el impuesto mínimo global

El pasado dos de febrero la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, ha emitido el marco técnico para la aplicación del impuesto mínimo global de acuerdo con la acción 1 de BEPS.

Este documento es indispensable para que los gobiernos planteen los elementos de uniformidad y coherencia, con audacia e inteligencia, del marco legal que evite efectos indeseables de doble imposición o doble no imposición. El estándar es un modelo de adopción que debe aplicarse sin “tropicalizaciones”

Estamos frente a un documento técnico de alto nivel, con complejidades significativas. Debemos tener espacio nulo a la creatividad de nuestro legislador histórico, evitar que, por querer adaptar modelos de otros territorios, terminemos con un fiasco de norma técnica, inaplicable y con impredecibles consecuencias en recaudación y cooperación como miembros OCDE.

Debemos evitar que suceda eso… lo que sucede siempre con las normas de orden doméstico. Ya hemos criticado bastante sobre cómo han “fusilado” – copiado, en nuestro lenguaje común, normas jurídicas de diferentes países. Si bien podemos mimetizar normativa extranjera, no estamos en condiciones de seguir haciendo un “collage” de ordenamientos, según a quien se le encargue la redacción del texto a proponer.

La norma de marco técnico pretende asegurar que las empresas multinacionales que estén sujetas paguen una tarifa efectiva de impuesto sobre la renta mundial de al menos 15%. No se trata de una tarifa mínima, sino de un mínimo contributivo efectivo.

La diferencia fundamental es que los países tienen plena autonomía para crear su política fiscal y fijar tarifas impositivas. Conforme las reglas de los países democráticos y sus Constituciones Políticas, esto es una materia reservada a la Ley, como se indica, en el caso de Costa Rica, en el artículo 121.13 de nuestra Constitución.

Este asunto de la reserva material de Ley en materia impositiva es fundamental para asegurar transparencia y seguridad jurídica, pero ha sido muy desteñido en los últimos tristes episodios de nuestro país, que van desde actos del Ministerio de hacienda, autoridades judiciales, e incluso la Sala Constitucional con su fallo respecto a una territorialidad tan gris como una triste tarde de otoño. Esperamos que no sea el otoño de la democracia, la antesala de un crudo invierno para la democracia de la que nos sentimos tan orgullosos los costarricenses.

La tarifa efectiva se determina mediante la sumatoria de todos los impuestos análogos, sobre las utilidades o rentas, que graven las ganancias fiscales de las entidades a nivel global, divididas por el valor total de las utilidades fiscales obtenidas por dicha entidad a mundialmente.

Por tanto, si un país en el uso de su facultad de imposición renuncia a gravar una renta de manera total o parcial, estamos ante la cesión del derecho de imposición en favor de otras jurisdicciones, aspecto que puede darse por políticas fiscales de orden tarifario reducido, o resultar de la no sujeción de ciertas rentas, así como, en caso más concreto, por exenciones parciales o totales en base imponible o en cuota tributaria.

Se pretende que el impuesto mínimo global esté vigente para el año 2024, es decir, está a la vuelta de la esquina. En particular cuando consideramos que el marco normativo publicado por la OCDE brinda las guías para que los países miembros y cooperantes adapten su normativa de derecho interno a las nuevas circunstancias.

Puede entonces surgir una primera asimetría temporal: Si un país, por ejemplo, Costa Rica, no tiene aprobada y reglamentada una legislación adecuada para dicho marco, lo que ocurrirá es que las empresas multinacionales sujetas podrían caer en doble imposición internacional. En especial ante la carencia de una robusta red de Convenios para evitar la doble imposición internacional.

También puede suceder que la empresa caiga en condiciones de doble no imposición. Eso haría que renunciemos como país a recaudar la porción de impuesto efectivo que nos correspondería en los supuestos de la economía digital y la solución acogida para ello: Globe – por sus siglas en inglés – que significa reglas anti elusivas para la erosión de bases imponibles en el ámbito de la economía digital, el pilar dos de dicha economía.

Esto tendría un menor impacto país si Costa Rica no fuera un país miembro de la OCDE, pero es inaceptable que no estemos listos para la entrada en vigor dentro de diez meses. Sería pernicioso para la imagen del país de cara al organismo internacional de reciente matrícula.

Preocupa el imprudente tortuguismo institucional del ministerio de Hacienda que carece de sentido de urgencia, con una clara falta de liderazgo ejecutivo y técnico y una zigzagueante dirección que para los contribuyentes no es más que “palos de ciego”.

Esperamos que el ministro y su equipo ya estén enterados de la publicación de la OCDE, no vaya a ser que ocurra como con otros documentos de alta trascendencia jurídica de los que obviaron dar cuentas las autoridades en la penosa conferencia de prensa y el mega caso expuesto en ella.

Espero que al menos esta entrega les sirva de alerta, si la leen a tiempo, para que accionen los mecanismos de deber de iniciativa del Ejecutivo, frente al Poder Legislativo, para que este marco sea aprobado a la brevedad, no sea que una vez más seamos inoportunos.

Perder recaudación, reputación y protagonismo en los foros internacionales, por espurio que le parezca a hacienda por acción o falta de esta, no son cosa menor y deberían estar en la lista de las prioridades de negociación con las fracciones legislativas, junto con otro conjunto de normas fiscales que se ha anunciado serán llevadas próximamente a la discusión parlamentaria.

Se requiere de crear un ambiente de seguridad en las autoridades tanto en su envestidura como sus acciones. El documento la OCDE comprende asuntos de gran complejidad técnica, en la que la incompetencia puede resultar en desventajas en la aplicación de la diversidad de mecanismos previstos en el marco inclusivo para la resolución de disputas a nivel internacional.

No dudamos del talento nacional, a la altura de las circunstancias, para emprender la marcha frontal hacia el desarrollo, en lo fiscal tanto como en el resto de las áreas del desarrollo y bienestar del país.

Sin embargo, lo evidente es que dicho talento, o no está en Hacienda o lo tienen con el resuello tapado. Lo que es un hecho es que no lustran los zapatos de quienes deben explicar y defender desde lo técnico un cuerpo de normas de operación compleja, para evitar la erosión de bases imponibles en la economía digital.

Costa Rica es un país con un gran parque de talentos en temas tecnológicos. Un país activo y proactivo con instituciones virtuosas como CINDE y Procomer, que atraen inversión extranjera directa en sectores estratégicos de la economía.

Por ello no es de recibo que todo ese esfuerzo sea huérfano de un compañero de camino que le permita asegurar el marco fundamental para que todo actor tenga certeza jurídica. En manos de Hacienda parecemos estar descalzos para tan importantes sectores económicos.

En Hacienda faltan tres elementos urgentes que enruten su trayectoria: Dotar de capacitación a todas y cada una de las líneas de personal, invertir en tecnología de punta y contar con líderes que ejerzan con conocimiento un papel protagónico. Estamos sometidos en una normativa globalizada cada vez más compleja, pero por ahora, con las mismas herramientas y mentalidad de aldeanos. ¡Debemos dar ese salto cualitativo a la mayor brevedad!

Carlos Camacho Córdoba

Socio director de Grupo Camacho Internacional

ccamacho@grupocamacho.com