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Miércoles 2 Abril, 2014

No debe haber islitas con preferencias salariales. No bastan las lamentaciones. Ya es hora de dejar de ver los toros desde la barrera


Autonomía y salarios

Amparadas en su autonomía, las instituciones descentralizadas fijan a su antojo los salarios, tanto para el personal en general como, con mayor razón y placer, para los jerarcas.
Un jerarca del Banco Nacional percibe un salario mensual de ¢18 millones. Y en la Aresep se crean un Regulador Adjunto y unos “intendentes” innecesarios con sueldos multimillonarios.
Y así, por el estilo, las demás instituciones autónomas. Generalmente los beneficiados son políticos reciclados, que nunca se apean del tren de los presupuestos públicos.
Solo cambian de vagón.
En LA REPÚBLICA, del 10 y 11 de marzo de 2012, se publicó el artículo “Orgía autonómica”, con datos numéricos sobre el derroche en salarios de jerarcas de varias instituciones.
¿Cómo parar estos desenfrenos?
Hemos visto que de nada sirven las directrices de la Presidencia ni el papel de la Autoridad Presupuestaria. A la Contraloría le basta que haya presupuesto para pagar. Y los habitantes, que somos los que pagamos las excentricidades, no tenemos voz, ni voto, ni defensor.
La raíz del mal está en un falso concepto de autonomía: creer que a la autonomía le es inherente la independencia absoluta para crear plazas y fijar sus remuneraciones.
Véase como muestra la CCSS: 10 mil plazas en cuatro años.
Los salarios del sector público constituyen la distribución de buena parte de la riqueza nacional, generada por los contribuyentes.
Deben estar sujetos a los principios de justicia, razonabilidad, equidad y proporcionalidad. Son valores que están por encima de la autonomía funcional.
La sujeción de los salarios a los principios enunciados no es incompatible con la autonomía institucional. Esta es perfectamente compatible con una legislación de salarios públicos que incluya a los jerarcas.
Sin necesidad de reforma legal alguna, todas las entidades que tienen incumbencia en controles de presupuestos y en fijación de tarifas tienen plenas facultades para poner orden en este asunto.
Si se cree que hay necesidad de alguna reforma legal, entonces que el Ministerio de Hacienda presente un proyecto de ley que sujete a los jerarcas a un régimen único de salarios públicos.
No hay por qué no hacerlo. Todos somos un solo país, todos contribuimos al sostenimiento de los servicios públicos. No debe haber islitas con preferencias salariales. No bastan las lamentaciones. Ya es hora de dejar de ver los toros desde la barrera.
Por pronta providencia, es necesaria una reforma inmediata de la Ley del Impuesto sobre la renta, que cree uno o dos rangos más con porcentajes de gravamen mayores que el máximo actual para salarios muy elevados.

Galo Vicente Guerra Cobo

Abogado