Auditorías y procesos de papel

Jonathan Prendas

Diputado

Nueva República

Las audiencias de la comisión Cochinilla en la Asamblea siguen demostrando que el actual gobierno no tiene como enfoque el resguardar el buen uso de los recursos públicos, y su nefasta política ha creado portillos por donde la corrupción se filtra sin ningún reparo. En este caso, esa filtración ocasionó un hueco de por lo menos ¢78 mil millones.

Una de las grandes preocupaciones que han surgido tiene que ver con las auditorías que realizan las instituciones públicas, ya que es evidente que existen serias fallas de comunicación entre ellas; además, las contradicciones y la evasión de responsabilidades están a la orden del día.

Durante una de las comparecencias en el Congreso, el auditor del Conavi, Reynaldo Vargas, expresó que limitantes y falta de personal impiden desarrollar su trabajo de fiscalización con todos los resultados esperados, pero luego la auditora del MOPT, Irma Gómez, acusó al funcionario denegarse a realizar una auditoría conjunta o a recibir información.

Pareciera que los informes de auditoría se toman a la ligera o pasan de mano en mano sin provocar decisiones. Vargas manifestó que desde el 2013 se revelaron supuestos actos de corrupción en el Conavi.

Las auditorías tampoco son vinculantes, es decir, sus resoluciones no implican que los auditados tengan la obligación de cumplir con sus recomendaciones en un plazo determinado y que rindan un informe sobre los cambios que se realizaron a partir de esas advertencias o consideraciones. Inquieta también que persista la impunidad: Vargas indicó que remitió 13 informes desde el 2019 al ministro Méndez Mata, pero solo en tres casos hubo sanciones contra los funcionarios involucrados.

Las malas prácticas se extienden a otras áreas de la administración pública. Tras una comparecencia de Mauricio Arroyo, director de Tesorería Nacional, se confirmó que Hacienda en realidad no cuida el dinero de todos. Las respuestas del funcionario demostraron el débil papel que ese órgano desempeñó en la ejecución presupuestaria del Conavi.

La entidad tiene su foco en la presupuestación, y por supuesto que eso es parte de sus funciones esperables, pero olvida el control y el seguimiento en la ejecución de los pagos que el gobierno realiza a los proveedores. De hecho, su director no tiene certeza sobre en qué exactamente se usaron los fondos autorizados y si el gasto se corresponde con los fines que aprobó la Asamblea Legislativa.

Si bien es cierto los jerarcas de las instituciones tienen la responsabilidad de supervisar las erogaciones y controlar los presupuestos, como en este caso el ministro de Transportes, Rodolfo Méndez Mata, es necesario ejercer una mayor labor de fiscalización para evitar vicios, cerrar portillos y prevenir el desvío de fondos. Ya tuvimos otra mala experiencia con el llamado “hueco fiscal”.

El caso Cochinilla evidencia que en esta administración es bastante común usar fondos de manera discrecional, lo cual incluye trasladar plata de una partida a otra, es decir, vestir un santo para desvestir otro. Pasarse dinero de una bolsa a otra del pantalón implica autoengañarse, deslegitima el ejercicio de calcular los gastos con base en necesidades y en realidad no tapa los huecos presupuestarios.

Nueva República es consciente que aún falta camino por recorrer para cumplir con el objetivo de velar por el buen uso de los recursos públicos, pero ese es justamente nuestro enfoque. Cada colón cuenta y debe auditarse, porque representa el aporte de los contribuyentes, es la clave de la sana administración y una herramienta para luchar contra la corrupción.