Laura Bonilla

Laura Bonilla

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Viernes 28 Abril, 2017

Ataques infundados al crecimiento exportador

Hace algunas semanas, después de un esfuerzo y coordinación importante entre Comex, la Cámara Nacional de Piña y la Cámara de Exportadores, se logró que las autoridades sanitarias de China aprobaran el protocolo para el ingreso de la piña fresca costarricense al mercado de dicho país asiático, que era el último requisito pendiente para iniciar con las exportaciones.
Ante un entorno de falta de generación de nuevos puestos de trabajo no especializados en el país, especialmente en las zonas rurales y en las poblaciones jóvenes, junto con la resurrección de políticas nacionalistas y proteccionistas de la nueva administración Trump, esta noticia no tiene más que ser conveniente y adecuada, bajo una estrategia de diversificación de mercados y reducción de dependencias de Estados Unidos como destino de nuestras exportaciones.
Una vez saldados los requisitos documentales de acceso, tal y como ha estado acostumbrado el sector agrícola en las últimas décadas, corresponde ahora a los empresarios privados realizar sus análisis de costos y beneficios para empezar a competir con base en calidad y servicio, que es lo que precisamente ha hecho que la piña sea hoy el segundo producto de exportación del país, con ingresos por divisas de casi $1.000 millones el año pasado.
Resulta contradictorio que sabiendo la necesidad que existe de crecimiento y empleo, algunos grupos ambientalistas se han manifestado en contra de esta posibilidad, con generalizaciones en cuanto al impacto que la producción de piña, según ellos, causa sobre el ambiente en términos de deforestación y de contaminación de aguas.
Además, sin mayor fundamento y en un carácter populista e ideológico, se han esgrimido argumentos por estos grupos que el sector no paga las cargas sociales y que contrata solamente mano de obra de origen nicaragüense.
Lo que menos requiere el país es este tipo de posiciones a ultranza, sin mayor sustento y evidencias concretas.
Especialmente cuando el Sector Piñero ha hecho su tarea y se han logrado obtener más de diez certificaciones relacionadas con buenas prácticas agrícolas y de protección ambiental.
Costa Rica tiene un marco jurídico e institucional que permite que si alguna persona, asociación o empresa se ve afectada por la producción de X cultivo, se planteen las denuncias específicas respectivas y se pueda analizar objetivamente, bajo el principio del debido proceso, si existe justificación, pero no generalizada, sino para aquellos casos particulares en los que eventualmente existan dudas o cuestionamientos.
Tratar de impedir el crecimiento y la diversificación de la industria exportadora agrícola, por temas ideológicos y populistas, constituye una gran equivocación, especialmente cuando miles de familias costarricenses en las zonas rurales están deseosas de nuevas oportunidades de mejorar su condición de vida, por medio de mayores oportunidades de empleo y generación de ingresos.
Como Sector, no vamos a claudicar en nuestros esfuerzos por mejorar nuestra oferta exportable, cumpliendo con los requisitos legales, ambientales y de salud ocupacional que establece la normativa regulatoria del país.