Es ahí en torno a la concesión donde revolotean los estrechos intereses que contaminan la discusión y exacerban los ánimos

De cal y de arena

Ataduras que matan

Con el agua al cuello y a punto de hundirse, la señora Presidente de la República dio un paso al lado y decidió poner fin a la concesión otorgada por el Estado a la empresa OAS para “maquillar” la carretera interamericana en el tramo San José-San Ramón.
Su paso, sin embargo, no fue hacia suelo firme; desgraciadamente para la desamparada mandataria, su paso fue hacia arenas movedizas pues la resolución, que pretendió ser conteste con la ya incontenible demanda popular de acabar con ese contrato leonino, dejó ver de inmediato tales debilidades políticas y jurídicas que no hace espacio a especular que doña Laura haya conseguido, al fin, salvarse. Su impericia política volvió a ponerse en evidencia desde que subestimó las razones y dimensiones de la protesta popular.
No supo separar la paja del grano para entender que la furia ciudadana la provocó la desvergonzada concesión de ventajas al contratista a un precio de expolio y en una ecuación de factores que desnudó al contrato como gravemente lesivo al interés público.
Toleró que su Ministro de Obras Públicas, irreverente para con el recato y la elegancia que les es demandable a los altos funcionarios de gobierno, se pusiera la toga propia del defensor del concesionario y pretendiera que este pueblo, cual si fuese de zoquetes, aceptara sumiso la tesis del “hecho cumplido” en el contrato ante el cual nada puede hacerse que no sea “polaquear” un poquito los peajes.
Aquel espectáculo no hizo más que espesar los hedores y los rumores para terminar de descalificar lo que autorizadas oficinas habían desnudado como una contratación plagada de omisiones técnicas, obsoletos trazos y oprobiosa estructura de privilegios.
Ante expediente de tan delicadas aristas financieras, técnicas y jurídicas, que ella no domina, debió apelar a calificados consejeros.
Pero lo que hizo, muestra el agotamiento político y profesional reinante en Zapote: ni siquiera se percibió que quien acompañó la firma presidencial en la cesión de la concesión había perdido el poder para actuar como agente. Tampoco percatarse de los vicios apuntados por un informe de técnicos de ARESEP (luego escamoteado) ni de los resquemores que brotaban de colegios profesionales y laboratorios especializados.
Mucho menos percibir que la trascendencia del asunto impedía lanzar su suerte a un mutuo acuerdo riesgosamente verbal, que deja en pie el resarcimiento por gastos incurridos que la concesionaria se ocupará de que no sean “peanuts”. Así no se satisface la demanda popular, mortificada por esa diversidad de errores, vicios de nulidad e inconveniencias de diseño y relación financiera que merecían una decisión distinta, a dilucidarse en la vía contencioso administrativa. No es raro que en la miopía zapoteña no se vea que es ahí en torno a la concesión donde revolotean los estrechos intereses que contaminan la discusión y exacerban los ánimos.
Así, doña Laura, no hay manera de alzar sus encuestas. ¿Qué “fuerzas incontrastables” os atan?

Álvaro Madrigal

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