Así reaccionaron los diputados ante la decisión de inconstitucionalidad de la Ley Jaguar
Los magistrados declararon como inconstitucional varios de los artículos de la ley
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Respetar la decisión de la Sala Constitucional y votar en contra la Ley Jaguar, es el común denominador de los diputados de oposición.
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Los magistrados declararon como inconstitucional varios de los artículos, tal y como lo habían adelantado algunos congresistas que se oponían a aprobar el proyecto.
“Desde el principio dije que la iniciativa amenazaba a la Contraloría General de la República y que iba a votar en contra”, dijo Andrea Álvarez, diputada de Liberación Nacional.
De igual manera, Óscar Izquierdo, de esa misma fracción, aseguró que ya varios juristas habían dicho que existían esos vicios constitucionales”, aseguró.
En un fallo mayoritario, los magistrados señalan que la propuesta afecta "atribuciones constitucionales de la Contraloría" y que además se le quitan herramientas importantes para ejercer sus funciones.
“El fallo nos da la razón. Los proyectos mal hechos no ayudan al país. Básicamente con esa postura, la Sala IV da fe de que nuestras preocupaciones eran realmente importantes para evaluar y para avanzar y no botar los recursos de los costarricenses. Nos ponemos a disposición del Gobierno para hacer equipo, porque siempre hemos dicho que debemos hacer algo bien hecho”, destacó Diego Vargas, diputado del Partido Liberal Progresista.
La Ley Jaguar para el Desarrollo Nacional, presentada a inicios de junio, proponía un referéndum antes de las elecciones presidenciales de 2026, centrado en temas como la reforma de la ley que regula a la Contraloría General, el desarrollo de Ciudad Gobierno, y la Marina y Terminal de Cruceros de Limón.
Marta Acosta, contralora general de la República, aseguró: "nos satisface la decisión de la Sala Constitucional sobre las competencias de fiscalización con las que la Contraloría debe ejercer los controles previos, preventivos y posteriores, establecidos tanto en la Constitución Política, así como en las leyes que rigen nuestras competencias.
“Hemos cumplido con seriedad nuestro rol en el pasado, lo hacemos en el presente, y lo seguiremos haciendo a futuro, cumpliendo con el principio de legalidad, la ética y las buenas prácticas nacionales e internacionales. Los ciudadanos pueden tener garantía de que las actuaciones de la institución siempre pueden ser revisadas en instancias judiciales, como en un Estado Democrático de Derecho corresponde".
