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Sábado, 15 de diciembre de 2018



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Argentina pide “repudio” para declaración de juez de EEUU

EFE | Sábado 23 agosto, 2014

El juez estadounidense Thomas Griesa afirmó que el plan del país suramericano para el pago local de su deuda reestructurada es “ilegal”. AFP/La República


Argentina pide “repudio” para declaración de juez de EEUU

El Gobierno argentino llamó ayer a las fuerzas políticas a “repudiar” la declaración “imperial” del juez estadounidense Thomas Griesa, quien afirmó que el plan del país suramericano para el pago local de su deuda reestructurada es “ilegal”.
Durante su rueda de prensa diaria, Jorge Capitanich, el jefe de gabinete del Gobierno, destacó que las “desafortunadas expresiones del juez Griesa” constituyen una “injerencia indebida de un juez de otro país respecto a la soberanía argentina” y sostuvo que merecen un “repudio de carácter colectivo por parte del Congreso”.
“Nosotros esperamos, que de un modo absolutamente consensual entre todos los actores políticos y los miembros del Congreso se expresen respecto a esta desafortunada, incorrecta y hasta imperial expresión del juez Griesa”, recalcó.
El funcionario explicó que el Congreso argentino “tiene las atribuciones para el arreglo de la deuda interior y exterior” en virtud de la Constitución y, por tanto, el proyecto para cambiar la sede de pago a los tenedores de los títulos “tiene la legitimidad de origen derivada de la voluntad popular” y su soberanía.
Durante una audiencia convocada ayer, Griesa se manifestó “consternado” por que Argentina no hiciera consultas legales sobre un proyecto de ley que consideró “inválido e ilegal”.
Capitanich reafirmó la postura expresada por el Ministerio de Economía, que ayer en un comunicado criticó que el magistrado neoyorquino pretenda “imponer condiciones al Congreso”, en lo que califican de “un nuevo exceso de jurisdicción y desconocimiento de la soberanía”.
Griesa mantiene bloqueados los fondos que Argentina depositó en un banco estadounidense para cumplir con sus obligaciones de pago con los bonistas que aceptaron los canjes de 2005 y 2010, que implicaron importantes quitas sobre las cifras originales.
Según las órdenes del magistrado, para que Argentina pueda pagar a los bonistas reestructurados debe primero desembolsar los $1.300 millones, más intereses, que debe a los fondos especulativos que no aceptaron los canjes y denunciaron al país en Estados Unidos para cobrar el monto íntegro de la deuda.

Buenos Aires/EFE