Randall Madriz

Randall Madriz

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Lunes 19 Septiembre, 2016

Arbitrariedad presupuestaria (Propuesta para un nuevo Estado)

Abogado Tributario
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El actual gobierno propone la aprobación de un presupuesto para 2017 el cual tiene un aumento que es próximo al 12%, en relación con el de 2016.
Si se analiza el comportamiento de los dos presupuestos anteriores (periodos 2015 y 2016), vemos cómo este gobierno, en el primero de ellos, planteó un crecimiento cercano al 19%. Para el segundo presupuesto, el incremento rondó el 4%.
Si bien es cierto, el vencimiento de las deudas del Estado podría explicar, en parte, la necesidad de efectivo para 2017, es cierto también que este Gobierno ha sido errático al elaborar su propuesta de ingresos y gastos.
Pero quizás, no debemos ser severos con esta administración, sino más punzantes en nuestros comentarios ya que, a nuestro criterio, el problema es estructural en nuestro sistema jurídico.
Simplemente no existen normas que regulen de forma clara los límites del crecimiento en los presupuestos. Sabemos que suena atrevido tratándose de presupuestos públicos y más aún del Estado, pero tomando en cuenta la realidad de nuestra inflación, no se justifica un aumento en el presupuesto, salvo que dicho comportamiento creciente responda a planes de inversión responsables donde se plantee la construcción en obras públicas.
Nuestra propuesta, en concreto, consiste en una reforma constitucional que imponga límites al crecimiento de los gastos del Estado.
Esta norma debe ser clara, en el sentido de que el presupuesto no podrá crecer en más que el porcentaje de la inflación si se trata de los rubros de salarios, pensiones y otras compensaciones a los empleados del Gobierno central.
Otros conceptos, como las transferencias impuestas por la Constitución y diversas leyes deben necesariamente revisarse siguiendo criterios de calidad en el gasto, austeridad y sobre todo la medición de los resultados reales en la aplicación de esos dineros públicos.
Claramente hablamos de una cirugía a corazón abierto para el Estado.
Lo abrasivo de estas reformas creará bloques de oposición integrados por los usuales defensores de los intereses de la burocracia pública, y la discusión de estos temas será difícil, por decir lo menos. Pero la propuesta no termina allí.
Estas reformas parten de un hecho previo que se debe consumar: la reducción radical del gasto por salarios del Estado. Por radical, nos referimos a recorte de al menos un 40% en ese gasto. Naturalmente habrá despidos, pero la propuesta a lo que apunta es a reducir el gasto por salarios, cambiar de modalidad en la contratación de funcionarios públicos y el régimen salarial que les acompañará en su labor. No estamos hablando de reducir el número de empleados, salvo los necesarios.
Estamos hablando de modernizar el pensamiento y dejar de ver el presupuesto público como una actividad mecánica e iniciar con una verdadera estrategia, partiendo por cuestionarnos la verdadera necesidad de un régimen salarial como el nuestro.
Cuáles normas constitucionales y legales deben reformarse y cómo se fondeará el pago de los extremos laborales a aquellos funcionarios que salgan eventualmente del Estado, son temas que tocaré en las próximas columnas.
Al final de estas líneas, leo lo que he escrito y tengo la convicción de que los tiempos que vivimos nos obligan a ser claros y directos, pero sobre todo con visión de futuro.