Apuntes sobre el decreto

Un decreto hay que entenderlo como la mayor expresión jurídica de autoridad que tiene un Presidente y el Ministro respectivo, por lo tanto nunca debe y puede ser tratado como tema menor de pongo y quito.

Por eso ante la gestión poco oportuna de redactar un decreto a todas luces muy laxo, impreciso y peligroso, donde no se muestran de manera clara mecanismos para la protección de los datos, ni responsabilidades en caso de fuga de información. Donde NUNCA se menciona que los datos que van a analizar deberán estar desvinculados de la identidad de sus dueños, es decir serán anónimos, hace surgir la duda de cuál es el propósito de concentrar tanta información en el despacho Presidencial. ¿Buscar mejorar la política pública o hacer un manejo político de la información? levanta suspicacias.

“La carrera” con la que se publicó y con el “sprint final” para derogarlo acrecienta las dudas sobre la intención de crear la UPAD.

Para apaciguar o intentar bajar los ánimos el Presidente y su Ministro deberían ponerse “las tenis” y realizar un verdadero “sprint” para explicar profundamente semejante horror. No deberían esperar que los llamen de la Asamblea Legislativa, ellos solitos deberían presentarse. Caso contrario las señoras y señores diputados deberían interpelarlos y solicitar su comparecencia llamando a cuentas a explicar cosas como ¿Desde cuándo está operando esta unidad?, ¿Qué tipo de información se ha recopilado de los ciudadanos?, ¿Quiénes han tenido acceso? ¿Quiénes son los que trabajan en esa unidad y bajo qué perfiles se les contrato? ¿Quién es el responsable político? ¿Cuál es el objetivo que se busca? ¿Por qué no se estableció un dialogo previo? Entre muchas otras dudas que produce esta lamentable iniciativa.

Lamentablemente para el Gobierno cualquier buena intención en dicha iniciativa ha quedado muy maltrecha por la impericia con que se manejó.