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Apoyos a la producción

Alvaro Madrigal [email protected] | Jueves 17 marzo, 2016


 Hay abundante información demostrativa de que el nuestro es un país caro para producir (y para vivir) lo que impacta la capacidad para competir y el bienestar social

Apoyos a la producción

A partir de la promulgación de la Ley de Protección y Desarrollo Industrial (# 2426 de 1959) y de su incorporación al Mercado Común Centroamericano (1963), Costa Rica opta por la irreversible ruta de modificación de la estructura de su aparato productivo. Atrás quedaba la Ley de Industrias Nuevas (1940) como un esfuerzo meritorio que quedó desfasado ante una realidad muy distinta. Con la ley 2426 y el MCC se asentó la convicción de que la industrialización es elemento determinante del desarrollo y de que para promoverla hay que adoptar otros instrumentos de política económica capaces de modificar la estructura productiva: subsidios, protección aduanera, recursos financieros, desregulación gubernamental y más tarde también la privatización de tareas a cargo del Estado. El sector industrial fue creciendo y para fines de los ‘70 aportaba el 20% del PIB. Con los años llegaron los acuerdos internacionales que dieron paso a la homogeneización de las políticas comerciales con el ideal de la exclusión de los subsidios. Los incentivos de tipo arancelario, tributario, tarifario en servicios públicos —empero— no llegaron a desaparecer del arsenal de mecanismos diseñados para atraer la inversión acompañante del cambio de la estructura productiva. La temporalidad de los estímulos quedó en veremos; todavía hace dos años un 23% de las 1.259 exoneraciones autorizadas registraba algún plazo de vigencia, una realidad que confirma la certeza de que los mecanismos proteccionistas (o como se les quiera llamar) son indispensables para la subsistencia de nuestras empresas, sofocadas por un mercado caracterizado por perversiones que zancadillean las reglas de la competencia a la par del fardo burocrático, reglamentista, tributario, tan pesado como asfixiante. Aun así, el modelo de desarrollo de la economía es exitoso en lo que a producción y diversificación se refiere. Deficiente, sin embargo, por el lado de los encadenamientos productivos, lo que tiene repercusiones sociales y económicas pues en ese resto marginado de la economía se concentran importantes aportes a la producción y alrededor del 60% del empleo.
Hay abundante información demostrativa de que el nuestro es un país caro para producir (y para vivir) lo que impacta la capacidad para competir y el bienestar social. Los rubros incidentes en esta realidad afectan a todos, marcadamente a los sectores industrial y agropecuario. Los estímulos o esquemas proteccionistas (díganse aranceles, tarifas, exoneraciones tributarias, etc.) tienen un obvio efecto compensatorio del impacto que viene con los factores determinantes de la pérdida de competitividad. Ahora que reaparecen las presiones para arrastrar al país a comprometerse por la vía de la adhesión a la Alianza del Pacífico donde está pactada la uniformización arancelaria y el libre tránsito de bienes y personas, cabe reflexionar si sobreviviría nuestro mundo empresarial —grande, mediano y pequeño— con la desaparición o reducción de aquellos regímenes proteccionistas si al mismo tiempo persisten los factores que nos atan de manos a la hora de competir. El grueso de las zonas francas, ¿qué harían sin el balón de oxígeno?

De cal y de arena
Álvaro Madrigal


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