Apertura en telefonía en riesgo ante eventual conflicto de intereses

Denuncia señala que un mismo grupo de abogados asesoró a regulador y regulados

Apertura en telefonía en riesgo ante eventual conflicto de intereses

• El cartel para licitar las frecuencias celulares podría anularse de comprobarse vicios

• Empresas invitadas a participar recibirían una indemnización del Estado si el cartel tiene problemas por conflicto de intereses

Daniel Chacón

dchacon@larepublica.net

El camino que se había trazado para la apertura de telecomunicaciones enfrenta nuevas dificultades, porque tanto el regulador como los regulados contrataron los servicios legales de las mismas empresas.

La posibilidad de que eso generara vicios en el cartel para licitar las frecuencias celulares provocó una denuncia formal de conflicto de intereses, que es analizada por la Contraloría y la Procuraduría General de la República.

El primer caso data de hace más de un año, cuando Digicel contrató al bufete BLP para inscribir sus marcas en el mercado local, trabajo que ya finiquitó. Actualmente, esta misma firma asesora a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) en lo referente al cartel de licitación de las frecuencias celulares, proceso que aún está en ciernes.

Esta empresa argumenta que la gestión la hizo en 2005 porque un bufete extranjero les contactó para registrar nueve marcas de Digicel en el país, pero nunca tuvieron comunicación ni interacción directa con la telefónica, indicaron Andrés López y Rafael Manzanares, abogados de BLP Abogados.

A ello suman que la contratación de la Sutel lo que requería era que no se estuvieran prestando servicios a empresas de telecomunicaciones en ese momento, ni a futuras empresas interesadas en la licitación; por tanto rechazan incumplimientos de contratos u obligaciones.

El otro caso es el nombramiento de Jorge Brealey como miembro del Consejo de la Sutel. Con anterioridad, asesoró legalmente a Digicel, o al menos habría hecho lobby para que otra firma de abogados ofreciera sus servicios a la multinacional en los requerimientos legales.

En el caso de Digicel, se consultó a su representante legal en Panamá y a su representante de prensa en el país, pero declinaron comentar el tema.

Por su parte la Sutel y demás implicados aseguran que no existe conflicto de intereses. Pese a ello, las autoridades están investigando si estas acciones podrían eventualmente incumplir la Ley contra Corrupción y Enriquecimiento Ilícito y el Código Procesal Civil.

Las normas indican que cuando se brinda un servicio al regulador o regulado, el abogado debe inhibirse de ofrecer asesoría a la contraparte, por un tema de confianza.

Si las presuntas fallas persisten y se da la licitación, esta podría ser apelada y anularse alegando la existencia de conflictos de intereses, explicó Leda Zamora, legisladora que coordina el tema ante la Contraloría General de la República.

Por su parte, el artículo 44 del Colegio de Abogados indica que los agremiados no pueden representar intereses que se oponen.

Amparados en esos argumentos, si la Contraloría descarta la investigación, el caso sería llevado ante el Tribunal Contencioso Administrativo.

Para los empresarios vinculados al sector, aunque las situaciones fueran legales —en caso que los contratos no impongan restricciones—, sí genera críticas éticas y morales al proceso de apertura por los conflictos de intereses que se pueden presentar cuando los actores ofrecieron servicios tanto al regulador como al regulado.

“Quien tiene la responsabilidad primaria es la Sutel. En otros países como España y México se han dado fuertes discusiones porque políticos han pasado a ocupar cargos gerenciales en empresas telefónicas, afectando la confianza de los inversionistas en el negocio”, comentó Juan Manuel Campos, especialista de Ciber Regulación-Consultores.

Por su parte, la Sutel defiende que no incurrió en errores, y que en el caso de BLP será un ente externo (Contraloría General) quien determine si hubo algún vicio en el proceso.

Respecto a la contratación de Jorge Brealey, la postura es que no existe ningún impedimento en la legislación vigente por cuanto su puesto de asesor no es considerado una jefatura, explicó George Miley, superintendente de telecomunicaciones.