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Martes, 4 de agosto de 2020



COLUMNISTAS


Andrea Díaz

Luis Alejandro Álvarez [email protected] | Martes 07 julio, 2020


Andrea Díaz, ex Campeona Nacional de Surf, de Tamarindo, junto a vecinos de la zona decidieron manifestarse y hacer públicas sus peticiones, al amparo de derechos que nos otorga la Constitución Política.

Ejercer sus derechos no contravenía normativa alguna, y en las circunstancias actuales, ella y la gente que se manifestó, acataban los lineamientos del Ministerio de Salud Pública, de usar mascarillas, caretas de protección y la distancia física.

Esa manifestación, al igual que las que hubo en Manuel Antonio, y Santa Teresa, fue pacífica, y no bloqueó la circulación de habitantes, ni de vehículos en la zona.

Surgen cuestionamientos del por qué, y a raíz de qué, se le giró una orden sanitaria, así como el por qué razón desde el día anterior ya la Administración Pública tenía conocimiento de que ella participaría en esa manifestación, y se pretendía evitar que asistiera.

La señora Díaz abordada por las autoridades policiales, fue detenida, y trasladada a Santa Cruz, poniéndosele a la orden de las Autoridades Judiciales. Ahí luego de cumplirse el debido proceso se determinó que no había hecho delictivo que perseguir.

Aparentemente estamos ante un acto que vulnera derechos que consagra la Constitución Política, y un abuso de autoridad.

La detención de la señora Díaz fue una acción en la cual el Estado se excede en sus potestades, actos que son de naturaleza totalitaria, y que no se deben de permitir o tolerar.

Nuestra idiosincracia es contraria a ese tipo de actuaciones.

No es de recibo que los ciudadanos por temor a que se nos detenga empecemos a renunciar a ejercer nuestros derechos.

Muchos en algún momento dado hemos sido víctimas de otro tipo de manifetaciones. Hemos llegado tarde a compromisos, perdido citas médicas, se nos ha imposibilitado trabajar por bloqueos de vías, sin que se diera una intevención de parte de las autoridades, no deja de sorprender la actuación de las autoridades en el caso de doña Andrea.

El pacto social que los costarricenses acordamos, debe de mantenerse vigente, y es obligación de todos velar que así sea, tanto ciudadanos desde el ámbito privado, como quienes fungen como funcionarios del Estado.

El reclamo de Andrea, es poder trabajar. Fue clara en que no estaban ahí para “pelear”, y expresó a viva voz, antes de que fuera detenida: “... No creemos que la oscuridad se va a levantar con más oscuridad, queremos ser luz, venimos a dar el ejemplo... Mi himno nacional dice, clarito en la letra: “¡Que vivan siempre el trabajo y la paz!...”

Es una obligación de todos los ciudadanos velar por que situaciones como esta no se repitan, y denunciar si eso ocurriese.

Andrea Díaz, un nombre que no debemos olvidar, su experiencia es una mala señal, y no deben de repetirse hechos similares, el próximo puede ser cualquiera de nosotros.

El estado de derecho debe de prevalecer.

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