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Analiza Santos retiro de CIJ

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Los colombianos han salido a protestar contra el fallo de la CIJ, el cual dicen no reconocer al considerar que les resta territorio marítimo. AFP/La República

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, confirmó ayer que analiza la retirada de su país del pacto que reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por su desacuerdo con el fallo en el litigio con Nicaragua.
"El nuevo grupo de abogados asociados está precisamente en eso y muy pronto se tomará una decisión", afirmó Santos.
Previamente la Presidencia anunció a través de un comunicado que el presidente "está analizando con un pool de abogados el retiro de Colombia del Pacto de Bogotá".
Estos anuncios no despejan las dudas sobre si el Gobierno colombiano acatará o no el fallo, adoptado por unanimidad por los quince jueces del tribunal de La Haya el pasado 19 de noviembre, que redefine los límites marítimos colombo-nicaragüenses en el Caribe.
El Gobierno de Nicaragua aun no ha reaccionado al anuncio hecho ayer en Bogotá, pero el presidente Daniel Ortega dijo este viernes que Colombia "no tiene otro camino" que reconocer un fallo que es inapelable.
La CIJ determinó que siete cayos cercanos a las islas colombianas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina son también de Colombia, y otorgó a Nicaragua una amplia franja marina en esa zona que se calcula en unos 70 mil kilómetros cuadrados.
Se trata de un archipiélago, recogido en la Reserva de la Biosfera de Seaflower, en el Caribe Occidental, que se encuentra a 190 kilómetros de las costas nicaragüenses y a 770 kilómetros de Colombia, un área que alberga gran riqueza natural entre pesca, especies y otros recursos naturales.
Colombia se replantea su acogimiento al Pacto de Bogotá por considerar que el fallo de la CIJ está plagado de "inconsistencias y errores", según el Gobierno.
Por ese pacto, firmado en 1948 precisamente en la capital colombiana y también conocido como Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, los países del continente asumieron el respeto a las decisiones de la CIJ, así como su jurisdicción, como forma para resolver por la vía pacífica los litigios regionales.
El litigio comenzó en la CIJ en 2001, cuando Nicaragua demandó a Colombia. En una primera decisión, adoptada en 2007, el tribunal otorgó al país suramericano las islas mayores, pero no se resolvió la soberanía sobre los cayos y las aguas.
Una veintena de años antes de la demanda en La Haya, las autoridades nicaragüenses declararon nulo e inválido un tratado bilateral suscrito en 1928 sobre el contencioso, con el argumento de que cuando se firmó el país centroamericano estaban ocupado por tropas estadounidenses.
Según la demanda de Nicaragua, el tratado Bárcenas-Esguerra, además, no fija los límites en el Caribe.
La canciller colombiana, María Ángela Holguín, ya había anunciado, justo después de conocerse el fallo hace ahora una semana, que el Gobierno de su país iba a estudiar si se retiraba del Pacto de Bogotá, un adelanto a los planes que ayer confirmó el presidente Santos.
Para eso el Gobierno de Colombia ha contratado a un nuevo equipo de abogados especialistas en Derecho Internacional, que buscan determinar qué pasos seguirán tras este fallo inapelable.
El Gobierno, que considera una injusticia que le hayan quitado a Colombia aguas que históricamente han sido suyas, lo que perjudica a los pescadores de San Andrés, ha enviado una carta al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para que analice la delicada situación.

Bogotá/EFE

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