Amenazas a la seguridad social

Columna invitada
Amenazas a la seguridad social

En 1941, hace setenta años, durante la administración del doctor Rafael Angel Calderón Guardia (1940 – 1944), se creó una institución orgullo de los costarricenses, la Caja Costarricense de Seguro Social, que al día de hoy nos ha permitido obtener indicadores de salud comparables con los de los países más avanzados del mundo, ocupando el tercer lugar en nuestro continente.
El modelo se basó en un sistema tripartito con la participación del Estado, los trabajadores y los patronos, parecido al modelo que se había desarrollado en Turrialba y contó con la asesoría de expertos chilenos y de otras nacionalidades que nos legaron lo que quizá fue el mayor logro del siglo XX.
Durante este largo periodo se fue desarrollando esta magnífica institución, pero quienes la hemos admirado como uno de los ejemplos determinantes de la Reforma Social apreciamos un deterioro tal que, si no se toman medidas correctivas con carácter urgente, podrían hacerla desaparecer a corto plazo.
Son varios los motivos que están afectando la institución, tales como la altísima morosidad y evasión de las cuotas que resquebrajan su financiamiento, quizá promovidas por leyes laxas y permisivas.
A ello hay que sumarle los incrementos en costos en las acciones requeridas en el ámbito de la salud; sobre todo que no solamente es responsable del aspecto curativo, sino que también tiene que ver con el preventivo, maternidad, invalidez, vejez y muerte. Es urgente cuestionarse si las cuotas, que se han mantenido prácticamente inalteradas durante tantos años, son suficientes para cubrir las necesidades.
Otro aspecto que ha afectado su operación es la eliminación de topes en el pago de las incapacidades, pues por medio de convenios, convenciones colectivas y otros procedimientos, las incapacidades no representan un porcentaje del salario, como se dispuso al inicio, sino que lo cubren en su totalidad, promoviendo un acto inmoral como lo es el de incapacitarse sin necesitarlo. Compadrazgos, unos pocos médicos que se han prestado para prostituir el procedimiento y algunos servidores que encuentran terreno fácil para el ocio y abuso, han hecho que el número de incapacidades dentro de la misma institución sea mucho mayor que el de la población restante. Obviamente esto ha encarecido los costos de operación obligando a pagar sustituciones y horas extras para cumplir a medias con las exigencias propias del quehacer institucional.
Otros aspectos como las resoluciones de la Sala Constitucional que ordenan comprar medicamentos de altísimos precios sin considerar los efectos que tienen sobre las finanzas, dejando de lado la verdadera racionalidad y proporcionalidad que debería ser considerada, afectan a los asegurados en general y limitan el recetario disponible.
A lo anterior hay que agregarle los problemas administrativos, sobre todo cuando se nombran jerarcas por compromisos políticos sin suficiente capacidad para atender el manejo de una institución tan compleja.
Es necesario que la sociedad se preocupe más por esta conquista social, que hagamos conciencia acerca de su importancia, que se determinen los verdaderos recursos necesarios para conservarla sin manosear las edades para pensionarse con fines políticos y que nos unamos para exigir a nuestros gobernantes mantener a la Caja como prioritaria en cuanto a recursos materiales, humanos y económicos.

Alfredo Blanco Odio