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País no ha podido alcanzar un consenso sobre temas ambientales y de desarrollo

Naturaleza y desarrollo: sin visos de reconciliación

· Ambientalistas han asumido oposición a ultranza ante proyectos
· En 2008 más de 40 obras fueron cerradas o recibieron medidas cautelares por incumplir leyes

Ernesto José Villalobos
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El 25 de agosto de 2005, después de varios años de mantener una férrea oposición, los pobladores de Turrialba decidieron rechazar un proyecto hidroeléctrico y comunicarlo así al país.
Un plebiscito convocado en ese cantón cartaginés se trajo al suelo la propuesta que planteaba el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), para construir el Proyecto Hidroeléctrico Pacuare. Las manifestaciones fueron encabezadas por activistas de varias organizaciones, entre ellas la Fundación Salvemos al Río Pacuare. Empezaba entonces una nueva etapa de la confrontación entre desarrolladores y ambientalistas.
La decisión de los turrialbeños provocó un déficit de generación eléctrica que hoy debe cubrirse con plantas a base de combustible fósil y supera los 300 megavatios. Ese es precisamente el sustento de las recientes solicitudes planteadas por el ICE ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), para aumentar las tarifas eléctricas.
Por supuesto que algunos nostálgicos recuerdan que el origen de las disputas ambientales, o al menos justificadas bajo ese alero se remonta a 1970, con las demostraciones populares en contra del otorgamiento de unas 30 mil hectáreas de terreno, en el sur del país, a la Aluminum Company of America (Alcoa). Pero el activismo ambientalista tomó casi 30 años más para definirse y popularizarse, y curiosamente se consolida en este gobierno que hoy incluye a varios líderes de esa gesta que echó por tierra la intención de extraer aluminio en el país.
Y tras varias décadas de aquella historia, de nuevo un metal desata la polémica, esta vez el oro. La explotación de 191 hectáreas en Crucitas de Cutris en la Zona Norte, hace que aparezcan argumentos a ambos lados de una confusa balanza, en la que grupos ambientalistas ponen de un lado un supuesto peligro de extinción de las lapas verdes, que anidan en los árboles que se deben talar para el plan.
En el otro extremo, en Industrias Infinito, S.A. sostienen que el Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet), le otorgó el permiso de explotación y adicionalmente aseguran que para poner la mina a funcionar harán una inversión cercana a $100 millones en mejoras para el pueblo que los alberga.
Ni el impulso presidencial al proyecto pudo impedir que Crucitas siga detenido en la etapa de construcción de los tajos que permitirían la extracción del subsuelo. La acogida de recursos de amparo interpuestos por activistas ambientales contra la tala de árboles de almendro, tiene a la empresa minera en ascuas a pesar de que aseguran tener todo bien planificado y con los argumentos suficientes para rebatir a los detractores.
Actualmente más de 50 mil costarricenses figuran como miembros de las más de 500 organizaciones ambientalistas, formadas legalmente en el país.
Precisamente uno de estos activistas, Lorenzo Cambronero, interpuso el 18 de diciembre pasado el décimo recurso de amparo contra la explotación minera en Crucitas. Cambronero es además, el presidente de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (Unag).
“Estamos hablando de un proyecto de desarrollo para la zona, que fue planteado desde 1997, y del cual los ambientalistas tardaron diez años en enterarse; esto ha derivado en una discusión de forma, cuando lo que deberíamos estar discutiendo es cuál debería ser el desarrollo que pretendemos los costarricenses”, afirmó José Andrés Soto, vocero de Industrias Infinito.
Si el frente de lucha de los grupos defensores del ambiente se enfoca contra la minería, la suerte de Infinito podría ser la misma que aguarda a las 14 peticiones distribuidas en varias zonas, para explorar el subsuelo nacional en busca de minerales metálicos, acumuladas en la Dirección de Geología y Minas del Minaet.
Esas 14 son solo parte de un total de 203 solicitudes para explorar o explotar algún yacimiento minero en suelo costarricense, recibidas en tres meses una vez que en julio pasado finalizó una moratoria minera, impuesta por el gobierno de Abel Pacheco en 2002.
“La experiencia nos dice que todos los permisos que pasamos a Setena para su evaluación, son aprobados… no vemos por qué no se iban a aprobar los que están en estudio”, agregó Marlene Salazar, subdirectora de Geología y Minas.
Serán nuevas faenas para decenas de grupos ambientalistas que poco a poco lograron tomar relevancia en los medios de comunicación, alimentados por estructuras pro ambiente que se dibujaron a la sombra de ONG foráneas casi siempre con mucho mayor trayectoria.
La dimensión de los posibles beneficios de nuevos desarrollos ha sido otro punto de discordia entre las partes y como en muchas ocasiones, los planes no se han concretado ya que la verdadera medición es incierta.
En el mencionado caso de la represa del Pacuare, los líderes turrialbeños restaron relevancia a los posibles beneficios para la zona aludiendo al proyecto similar construido por el ICE en Angostura.
Los argumentos de los vecinos se fundamentaron, y mantienen al día de hoy, en la experiencia vivida con la construcción de la Planta Hidroeléctrica Angostura, la cual entró en funcionamiento en 2000.
“El ICE dijo que generaría unos 1.800 empleos, pero nunca dijo que eran temporales. Ahora, los que trabajan aquí son como 40”, sostuvo Eugenio Guido, de la Federación Costarricense para la Defensa de la Naturaleza (Fecon), una organización ambiental con mucha fuerza.
En el caso de Crucitas la polémica es atizada por la diferencia de criterios entre los propulsores de la mina, y una serie de expertos de las áreas de biología e ingeniería forestal, quienes disputan la validez de los argumentos sobre el anidamiento o alimentación de las lapas, en la zona donde se autorizó la tala.
“Para nadie es un secreto que ante la imposibilidad de sacar adelante los proyectos hidroeléctricos, tenemos que generar la electricidad que consumen todos los costarricenses, por la vía térmica. Eso es algo que tienen que tener en cuenta todas las personas; desde los señores diputados y diputadas y los funcionarios que laboran en oficinas contraloras y reguladoras, hasta quienes se oponen al desarrollo, por aparentes motivos ambientales”, aseguró Pedro Pablo Quirós, presidente del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), para respaldar su preocupación.
En tanto, sectores como el industrial, el alimenticio y los exportadores, han lanzado duras críticas al problema y la inseguridad que eso provoca.
“Quienes tenemos sobre los hombros la responsabilidad de producir, no deberíamos estar pagando por la falta de previsión de quienes están llamados a proveer los mínimos insumos que son requeridos. Una de las áreas que demandan acciones inmediatas por parte del Gobierno, es la de energía”, sostuvo Tomás Pozuelo, presidente de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia).
Pero si bien la minería y el desarrollo de proyectos hidroeléctricos han sido fuente de polémica entre los sectores ambientales y empresas o instituciones de gobierno, el desarrollo inmobiliario también acaparó la palestra nacional.
Dentro de esta temática, han quedado al descubierto carencias de parte de instituciones llamadas a garantizar el desarrollo. El trabajo de la Setena ha dejado huecos visibles en la entrega de viabilidades ambientales, a proyectos que posteriormente fueron detenidos.
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