Revivir el proyecto de las cámaras de vigilancia en las carreteras nacionales, permitiría multar a quienes violaran las normas, salvar vidas humanas y producir un cambio de cultura en los conductores

---

Alto a los irresponsables

Ahorrar poco más del 2% del PIB en salud, incapacidades y conflictos viales, a todas luces es una ventaja para Costa Rica y más en la actual situación del país.
Eso sería lo que se lograría con una inversión de $10 millones que podría poner la empresa brasileña Servicios de Gestión en Seguridad Vial, lo que se requiere para revivir el proyecto de las cámaras de vigilancia en las carreteras nacionales, que permitiría multar a quienes violaran las normas.
Esta empresa trabajaría en coordinación con Racsa y recibiría a cambio un porcentaje de lo recaudado por concepto de multas, el resto del ingreso sería distribuido entre instituciones públicas.
De otro modo, podría considerarse también que las cámaras y su operación puedan sacarse a licitación, mediante un adecuado cartel y posterior contrato, transparente y que beneficie a ambas partes.
Por otro lado, la medida se justifica solo por el hecho de que contribuiría a salvar vidas humanas, además de obligar a los conductores a tener un cambio cultural en su forma de conducir y su responsabilidad como conductores.
A pesar de esto, la decisión de instalar las cámaras no se ha tomado aún por parte de Cosevi, alegando que solo al principio esto sería rentable pero luego quizás ya no, porque los conductores bajarían sus velocidades y disminuiría entonces la cantidad de multas.
No obstante, en el caso de la firma brasileña, esta ha ofrecido poner los $10 millones y luego asumir el riesgo, por cinco años, en el caso de que el funcionamiento de las cámaras no sea rentable.
¿Dónde está entonces la dificultad o inconveniencia?
Solo tendría Costa Rica que establecer detalles como por ejemplo la forma de notificación a los multados y sobre quién recaería la sanción, ya que la vigilancia se basa en la placa del vehículo y no en el conductor.
Para esto podrían existir diversas formas de solución. Damos dos ejemplos aunque bien podría ser de otro modo. En el caso de quien preste un vehículo a otra persona, lo haría sabiendo que corre el riesgo de ser multado ante una imprudencia.
En los casos de conductores que trabajen para una empresa, que es la dueña de los vehículos, esta deberá estudiar bien el perfil de quien contrate para esa tarea y tener su incumplimiento como causante de despido sin responsabilidad patronal.
En fin, que la implementación de las cámaras pareciera positiva en muchos sentidos. Solo se requeriría la voluntad política para que esto no entre en la condición de tantos otros proyectos estancados por inadecuadas formas de administración.