Alto costo en el servicio de datáfonos enfrenta a bancos y comerciantes

Una eventual rebaja en el servicio de datáfonos, mantiene enfrentados a bancos y comerciantes, quienes

presionan al Banco Central para que evalúe el uso de ese dispositivo y las comisiones que se cobran para las transacciones comerciales.

Por un lado, los comerciantes destacan que una reducción en el servicio de datáfonos, se traduciría

en productos más baratos a la hora de comprar con tarjetas de débito y crédito, a la vez que se beneficiaría a los consumidores, se reactivaría la economía, se generarían más fuentes de empleo y habría menos informalidad.

En ese sentido, los empresarios solicitan al Banco Central que la evaluación se haga en 2022 y no en

2024 como pretende el sector bancario.

“Enviamos una nota a la gerencia del Banco Central, como respuesta a la consulta pública, donde señalamos que el nivel de la tasa de intercambio debe ser menor y tomar como base las mejoras prácticas internacionales”, señaló Alonso Elizondo, director Ejecutivo de la Cámara de Comercio.

Para los empresarios, se requiere de una modificación urgente en la tasa de adquirencia, que es la que pagan los comercios a las entidades bancarias que les suministran el datáfono y toda la red para aceptar

pagos con tarjeta.

Asimismo, piden una disminución pronta en la tasa de intercambio, que es el porcentaje que pagan los

bancos a las instituciones financieras emisoras y por eso, cada vez que pasan por sus datáfonos, las tarjetas de otros emisores se les cobra otra comisión.

“Esto quiere decir que los comercios del país, especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas,

tendrán que enfrentar 18 meses adicionales con tasas superiores a los objetivos planteados sin ninguna

razón técnica fundamentada, más allá de mantener una política prudencial frente al sector bancario,

en detrimento del sector comercial”, explicó Elizondo.

Mientras tanto, los bancos públicos y privados -agrupados en la Asociación Bancaria Costarricense

(ABC) – destacan que la medida “pone en riesgo el proceso de bancarización”, además de fomentar

la “exclusión de clientes, no solo en el ámbito de los comercios, sino también respecto a los

tarjetahabientes”.

“Al reducirse la comisión, y con un nivel de costos inflexibles, el volumen de uso del datáfono se

vuelve un factor vital para la decisión de mantener o vincular a un determinado comercio. Pero el efecto

no se agota ahí. Al rebajarse también la comisión de intercambio, las principales consecuencias de

esta fijación recaerían, con mayor intensidad, en los emisores.  Esta situación afectaría directamente a

aquellos tarjetahabientes con una baja transaccionalidad, o que realizan compras en determinados

negocios, debido a que generarían un costo altísimo, incluso pérdidas para el emisor de la tarjeta”, señaló

Ronulfo Jiménez, Asesor económico de la ABC.

Por otra parte, la ABC presentó una acción de recusación por conflicto de interés generado por la participación de la División del Sistema de Pagos en el estudio para fijar las comisiones.

El Sistema de Pagos del Banco Central compite con los bancos como un operador más, lo cual

lesiona el principio de objetividad e imparcialidad al fungir como juez y parte, actuando como regulador y

regulado. 

El estudio base, en el que participó la División del Sistema de Pagos, para fijar las comisiones máximas

genera como resultado más exclusión de consumidores financieros, ya que éstas no cubren

los costos de operación de los emisores y adquirentes y resultan ruinosas.  

“La recusación pretende garantizar que el procedimiento para fijar las comisiones de intercambio y

adquirencia sea objetivo e imparcial. La agrupación debe procurar la sana competencia y defender los

derechos de los consumidores financieros”, agregó Mario Gómez, asesor legal de la ABC.