Ajustes constructivos al Régimen de Pensiones

La seguridad social tiene como uno de sus principales bastiones el sistema de pensiones. Se asegura la justicia social en la sociedad por medio de un pago, la pensión, prevista para que siga ingresando mensualmente al trabajador. De esta manera —cuando las circunstancias previsibles les impidan a los trabajadores continuar su vida laboral— sus familias no caerán en la pobreza. Eso es especialmente importante para las personas que con su trabajo tienen menores ingresos y por consiguiente gozan de poca capacidad de ahorro para acumular bienes para la vejez.

Los sistemas basados en un fondo centralizado de recursos iniciaron como un sistema de capitalización en el cual los recursos aportados por los trabajadores, los patronos y el estado se acumulaban y ganaban réditos para ser la fuente del futuro pago de las pensiones. Con los cambios en la estructura demográfica, con episodios inflacionarios y con actividades depredadoras de los gobiernos, se perdió —en la generalidad de los casos— la capacidad del fondo para sufragar las pensiones en curso sin afectar el principal capitalizado. Por eso los regímenes se fueron convirtiendo en sistemas de reparto en los cuales la generación que está laborando paga con sus cutas las pensiones de quienes están jubilados.

Previendo los importantes efectos de la disminución en la natalidad y el aumento en la esperanza de vida, así como de la maduración del sistema básico de IVM, se logró aprobar la Ley de Protección al Trabajador por la Concertación Nacional, y luego en la Asamblea Legislativa con el apoyo de sindicatos, solidaristas y cámaras empresariales. De esta manera, se creó el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) que vino a dar vida a un sistema de pensiones con cuatro pilares: 1. Sistema básico integrado principalmente por IVM y los sistemas del magisterio y del Poder Judicial; 2. El ROP; 3. Las Pensiones No Contributivas; y 4. Los sistemas voluntarios de pensiones.

El ROP con capitalización —en cuentas individuales manejadas por Operadoras seleccionadas por cada trabajador— recibe los recursos que la comunidad dedica a este pilar de la seguridad social y crea una pensión complementaria que con una vida de trabajo significa para el jubilado recibir una cifra del orden de un 20% de los últimos salarios.

La Ley de Protección al Trabajador fortaleció el IVM, las pensiones no contributivas y las voluntarias, pero, a pesar de ello, desde la creación del ROP ha disminuido en una sexta parte el monto de la pensión de IVM respecto a los últimos salarios devengados y, ya para esa época, se sabía la necesidad de hacerles ajustes en cuanto al monto de las pensiones, las contribuciones y la edad de retiro. Los ajustes que se efectuaron en 2005 no fueron suficientes. Los estudios actuariales realizados, en especial el de la Universidad de Costa Rica, señalaron en años recientes los problemas que afectan la sostenibilidad de IVM y las medidas adoptadas hasta ahora han sido casi más cosméticas que sustantivas.

Los recursos para nuestra seguridad social se nutren fundamentalmente de impuestos sobre el trabajo (cuotas obreras y patronales sobre la planilla), lo que afecta negativamente un uso eficiente de los recursos productivos, dificulta la creación de empleo y estimula la informalidad.

Por eso para asegurar pensiones dignas en el futuro he propuesto reformas que incrementen la pensión del ROP y también, como hizo el presidente Echandi en su gobierno, generar rentas a la CCSS que no afecten el costo del trabajo.

En cuanto al ROP: 1. Engrosar su capitalización con los montos no usados para cesantía del Fondo de Capitalización Laboral de la Ley de Protección al Trabajador, incluso si la mitad de los trabajadores quedan cesantes y utilizan su ahorro de ese Fondo, el remanente podría generar un 3% de salario adicional para la pensión. 2. Trasladar otro punto adicional de la cesantía al ROP, lo que significaría un 4% adicional de salario para la pensión y 3. Dejar de parquear 1,25% de los salarios en el Banco Popular y trasladarlos directamente a la cuenta individualizada del trabajador en el ROP. Con esas medidas la pensión esperada del ROP al término de una vida laboral sería de más de un 25% del salario final de los trabajadores.

Para fortalecer IVM he propuesto crear el Fondo de Seguridad Social, cuyos réditos se destinen exclusivamente a la CCSS, un 50% para generar nuevos ingresos a IVM y el otro 50% destinado a la atención de la salud de nuestros habitantes, pues el envejecimiento de la población también encarece la atención de las enfermedades. El Fondo de Seguridad Social se nutriría de vender, como lo propuse desde la campaña de 1998, el BCR, BICSA y el INS ya sin monopolio. Con este cambio de activos públicos, los ajustes que se deban hacer a IVM serían muy inferiores, en beneficio de nuestros trabajadores y de sus familias.

Esta solución, como he señalado, permitiría además introducir un nuevo elemento competitivo en nuestro sistema bancario, estimular el ahorro y la inversión y acelerar el lánguido crecimiento de nuestra economía. Esas instituciones financieras se venderían en una licitación pública, trasparente y debidamente promocionada a un banco de primer orden que tenga interés en el mercado nacional. Se generaría así la competencia que obligue a los otros bancos públicos y privados a tener que bajar sus costos de intermediación.

Una vez más irían de la mano la solidaridad social y la eficiencia económica.