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Nuevo cálculo de bienes inmuebles incomoda al sector
Agricultores chocan por impuesto

Medidas de presión buscarían gestionar rebaja del 80% en ese tributo

El valor de las tierras es el tema que tiene incómodos a los agricultores con las municipalidades. Los primeros se oponen al impuesto de bienes inmuebles porque alegan que el nuevo cálculo no hace distinción entre un terreno dedicado a actividades comerciales y aquellos usados para producción agropecuaria.
Del otro lado, los municipios no quieren ceder porque con ese dinero financian su funcionamiento; de hecho, en algunos casos esos recursos representan más del 60% de sus ingresos.
Las valoraciones de las propiedades agrícolas a través del sistema de zonas homogéneas iniciaron este año y han provocado que las tierras pasen a tener altos valores, como si se tratara de terrenos que tuvieran hoteles u oficentros.
Por eso, la crítica es que el pago resulta excesivo para los ingresos de un agricultor al fijar el valor de las fincas sin tomar en cuenta el uso de la tierra y lo equipara a terrenos con desarrollos comerciales o turísticos.
A manera de ejemplo, en el cantón de Grecia, una finca de diez hectáreas de caña de azúcar pasó de ¢40 millones a ¢357 millones, un incremento del 794%, según datos de la Cámara Nacional de Agricultura.
“El alto impuesto, tal como lo pretenden las municipalidades acabaría con muchos de los productores, debido a que un incremento de esta dimensión y los bajos márgenes de ganancia que este sector maneja, llevarían a la quiebra buena parte del sector”, aseguraron autoridades de Upa Nacional y la Cámara de Agricultura.
La alternativa para resolver esta disputa es un proyecto que se encuentra en la Asamblea Legislativa, que pretende rebajar la valoración hecha por las municipalidades en un 80% a los terrenos agrícolas.
Así, los agricultores siempre pagarían el impuesto pero se les daría un trato diferenciado.
La expectativa de los productores era que el dictamen del proyecto se aprobara ayer en la Comisión de Asuntos Agropecuarios, sin embargo, la votación no se dio.
La presidenta de la comisión, Annie Saborío, utilizó un mecanismo legislativo para retrasar la votación dos semanas, con el fin de que se realicen las negociaciones entre el agro y las municipalidades.
La decisión inquietó a los agricultores, quienes tienen estructurado un comité de crisis trabajando en las medidas que podrían tomar por el atraso en la votación del texto, aseguró Alvaro Sáenz, presidente de la Cámara. El sector valora manifestarse el 26 de este mes.
En el Congreso existe la inquietud de que el plan que está en discusión es muy agresivo y podría afectar las finanzas de los municipios.
“El factor de corrección que contempla el uso agropecuario del suelo en las plataformas de valores y que se pretende incorporar a través del proyecto de ley, es necesario. Sin embargo, la reducción del 80% en el valor de las propiedades agrícolas es una propuesta muy agresiva, se debe buscar un término medio, negociado”, manifestó el diputado Carlos Góngora.
El sector municipal está abierto a negociar, consciente de la ayuda que necesita el sector agropecuario, pero sin ánimos de ir en detrimento de las finanzas municipales, afirmó Rolando Rodríguez presidente de la Unión Nacional de Gobiernos Locales.

Bernal Rodríguez
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